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A punto de cumplirse mañana jueves una semana de la proclamación de Felipe VI, el juez José Castro de Palma de Mallorca decidió que la hermana del Rey debe sentarse en el banquillo de los acusados junto a su cuñado por el escándalo que hundió la imagen de la monarquía española y amargó los últimos años de reinado de Juan Carlos I.

Nunca antes en la historia de monarquía española un familiar directo del rey ha sido juzgado. La decisión del juez Castro en el auto con el que concluye la instrucción de caso supone el primer gran problema al que se enfrenta Felipe, de 46 años, en el inicio de su reinado.

La fiscalía, que se opuso desde el primer momento a la imputación de Cristina, de 49 años, y la abogacía del Estado recurrirán la decisión del juez, según se prevé en España.

La decisión final de enviar a la infanta al banquillo de los acusados estará por tanto en manos de un tribunal superior, la Audiencia Provincial de Palma. «Habrá que esperar a que se pronuncie la Audiencia de Palma», dijo en Madrid el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la primera valoración del gobierno.

El juez sostiene que la infanta se benefició de los negocios ilegales que su marido hizo presuntamente con administraciones públicas desde el Instituto Nóos, una organización que creó vinculada al mundo del deporte y en teoría sin ánimo de lucro.

Urdangarin está acusado de haberse apropiado junto a su socio de seis millones de euros de dinero público. Los beneficios de los negocios de Urdangarin iban a parar a una empresa, Aizoon, de la que cada uno de los miembros del matrimonio era dueño del 50 por ciento.

«Los delitos contra la Hacienda pública que se imputan a Don Iñaki Urdangarin difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa por mucho que de cara a terceros indiciariamente mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado», señaló Castro.

«Cristina de Borbón colaboró activamente con Iñaki Urdangarin en las irregularidades que se estaban cometiendo en el seno de la entidad Aizoon», aseguró el juez.

A su marido lo manda al banquillo de los acusados por nueve delitos, algunos cometidos presuntamente de manera reiterada. Entre ellos están los de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, estafa y delitos fiscales.

Cristina, que desde hace casi un año vive en la ciudad suiza de Ginebra para evitar la presión mediática, se convirtió en febrero en el primer miembro de la familia real en ser interrogado por un juez, cuando compareció ante Castro citada para declarar como imputada.

Entretanto ha dejado de formar parte de la familia real con la llegada de su hermano al trono, ya que esta la componen los reyes Felipe y Letizia, sus descendientes directos -sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía- y los reyes Juan Carlos y Sofía.

Apartada de la agenda oficial desde finales de 2011 junto a su marido, quedó completamente excluida de los actos en torno a la abdicación de su padre y a la proclamación de su hermano.

La investigación del «caso Nóos», nombre que recibe popularmente por el Instituto Nóos, la organización desde la que Urdangarin y su entonces socio, Diego Torres, cometieron presuntamente los delitos de los que se los acusa, la inició el juez Castro hace más de tres años, a lo largo de los cuales acumuló 32 mil folios de documentación.

Junto a ellos dos y a la infanta, el magistrado procesó a otras 13 de las 32 personas que había imputado, entre ellos varios ex altos cargos de las administraciones, como el ex jefe del gobierno regional de las Islas Baleares Jaume Matas.