Ante la reiteración de diversos hechos que ocurren en el país, a uno sólo le queda hacerse diversas preguntas, buscando comprender qué es lo que pasa. El actual gobierno ha sido pródigo de malos ejemplos y de hechos tan evidentes que demuestran que nuestra cultura democrática dista de haber avanzado, principalmente en lo que se refiere a la transparencia en los actos públicos, principalmente aquellos en donde se realizan operaciones con fondos públicos que pasan por contrataciones, compras, consultorías, especificaciones técnicas amañadas o dirigidas, sobre precios en relación con el mercado y otras formas que buscan orientar los procesos para asegurar negocios de corto y largo plazo.
Según los datos publicados por diversos medios, este régimen se ha caracterizado por concretizar la mayoría de sus compras por medio de la excepción; es decir, un mecanismo que la misma ley de contrataciones establece, pero que justamente el mismo se refiere a aquellos casos en donde no hubo suficientes ofertas o bien los oferentes son muy pocos. Pero de ello a convertir la excepción en la norma de comportamiento permanente hay una gran diferencia.
La idea de la transparencia es justamente hacer cumplir las regulaciones legales vigentes y para ello en los casos de compras y contrataciones se deben seguir los pasos que se establecen para la compra directa, la cotización y la licitación. De más está decir, que cada uno de ellos presenta ventajas y desventajas; principalmente, la última de éstas pues requiere de una enorme cantidad de tiempo para concretizarse, pero así está legislado.
Los ejemplos de concesiones amañadas en la portuaria, de las compras de armas por excepción; las licitaciones que contienen especificaciones técnicas que buscan sacar a cualquier otra empresa por medio de requisitos imposibles de cumplir; la autorización de un préstamo por parte de un organismo regional que se quedó callado como cómplice de piedra, ante una contratación que evadió todos los requisitos de contratación para otorgarlo a una empresa con nombre y apellido y hoy el burdo proceso de contratación de una empresa argentina por parte de la SAT para incrementar la recaudación, son pequeñas muestras de cómo se ha profundizado el uso de la excepción como forma de asegurar procesos que huelen mal, pero seguramente saben bien para los funcionarios involucrados.
El problema es que las instituciones de contrapeso o contrabalance que deberían de investigar de oficio estos actos no tienen la suficiente independencia del Ejecutivo como para presentar pruebas que demuestren actos amañados o que tienen propósitos de beneficiar a contratante y contratado con comisiones que continúan sumando a la fortuna de funcionarios que posteriormente se convierten en magnates privados, socios de diferentes empresas y con activos inmobiliarios tanto a nivel nacional como fuera del país.
La Superintendencia de Bancos por medio de la IVE, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público por medio de su Fiscalía contra la Corrupción, deberían constituirse en garantes de la transparencia, realizando investigaciones profundas y consistentes sobre actos de gobierno que descansan y apuntan a la corrupción. De otra forma, la excepción seguirá siendo la norma y no la excepción y la Ley de Enriquecimiento Ilícito únicamente será un dato más pero sin contenido.