La presidenta argentina Cristina Fernández dijo el viernes que instruyó a su equipo económico para que solicite a la justicia estadounidense condiciones justas para negociar la cancelación de 1.500 millones de dólares que reclaman bonistas litigantes en cese de pagos.

«He dado instrucciones a nuestro ministro de Economía para que nuestros abogados le soliciten al juez (de Nueva York Thomas Griesa) que genere las condiciones para poder llegar a un acuerdo que sea beneficioso e igualitario para el cien por ciento de los acreedores», dijo la mandataria durante un acto por el día de la bandera en esta ciudad, 300 kilómetros al norte de Buenos Aires.

Agregó que esas condiciones deben estar en concordancia con la constitución argentina, las leyes nacionales y «los contratos que también firmamos como país con ese 92,4% de acreedores» que ingresaron a dos canjes de deuda en default en 2005 y 2010.

«Queremos cumplir con el cien por ciento de los acreedores: con 92,4% que accedió a ingresar en los canjes y también con los que no ingresaron», sostuvo la dirigente peronista, quien subrayó que «hemos dado muestra de que somos personas capaces de sentarnos a negociar».

La mandataria dijo además que le queda un año y medio de gobierno y que «sería muy fácil acordar cualquier cosa. Pero antes que mi gobierno están la nación y la patria, con soberanía, con educación, con salud», añadió mientras era vitoreada por simpatizantes.

Fernández destacó además la voluntad de su gobierno y el de su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007) de cancelar deudas con organismos internacionales de crédito y empresas en el marco de una política de desendeudamiento.

Matías Carugati, de la consultora Management & Fit, señaló a The Associated Press que «lo más lógico para el país era negociar con los holdouts (bonistas en cese de pagos) en el juzgado de Griesa, porque amenazar con no pagar y entrar en default era peor».

«Los pasos de Cristina son los adecuados… Si se patea el tablero y da vuelta todo, no nos van a dar pelota (hacer caso). Hay que pagar como corresponde», dijo a AP María Emilia Ortiz, una asistente al acto oficial.

La mandataria encabezó la conmemoración en medio del conflicto originado por la decisión de la justicia estadounidense de obligar al país a pagar 1.500 millones a los litigantes. Mientras, en Buenos Aires, manifestantes pro-oficialistas protestaban frente a la embajada de Estados Unidos contra los llamados «fondos buitre».

La presidenta ha criticado en reiteradas ocasiones a los demandantes a los que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dio la razón tras una farragosa batalla judicial, pero en esta ocasión estuvo más medida.

El alto tribunal avaló el lunes un fallo del juez del Griesa que obliga a Argentina a pagar en efectivo y en muy corto plazo la deuda a los «fondos buitre».

Según el gobierno, pagar a esos inversores especuladores como establece Griesa habilitaría a los bonistas que aceptaron títulos reestructurados en los canjes de deuda y a otros que no lo hicieron pero tampoco demandaron al país, a reclamar el mismo trato. Ello implicaría una erogación de más de la mitad de las reservas internacionales, que rondan los 29.000 millones de dólares.

El gobierno no ha explicado claramente cuál es su estrategia y cómo cancelaría lo que adeuda a los «fondos buitre». El miércoles los abogados del Ejecutivo dijeron que una misión oficial viajaría a Nueva York la semana próxima para entablar negociaciones con los litigantes, pero el jefe de gabinete echó por tierra esa posibilidad un día después.

Sin embargo, analistas se mostraron convencidos de que la presidenta iba a aceptar una instancia de diálogo, cuya fecha de inicio no precisó.

Fernández tampoco se refirió al anuncio que hizo el martes el ministro de Economía Axel Kicillof sobre un canje de bonos con jurisdicción neoyorquina por otros con jurisdicción argentina de la deuda reestructurada, para evitar eventuales embargos de los acreedores en Estados Unidos. Pero los analistas señalaron que esa propuesta está condenada al fracaso porque requiere de al menos un 85% de aceptación, lo que parece imposible

Luego que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación final de Argentina el lunes, Fernández sugirió primero trasladar los pagos fuera del alcance de las cortes estadounidenses, un escenario ampliamente conocido como el «Plan B» de su gobierno. Kicillof explicó el martes que los bonistas podrían recibir nuevos bonos que serían pagados en Buenos Aires y garantizados bajo las leyes argentinas.

Fernández no mencionó la idea del «Plan B» durante su discurso del viernes, y posteriormente ese día el juez decretó que «Argentina tiene prohibido llevar a cabo tal propuesta».

Aun así, el ceder a los fallos de las cortes de Estados Unidos resulta difícil en términos de la cultura política argentina. Sería considerado traicionar un valor fundamental que ella y su fallecido marido siempre promovieron: Que Argentina debe mantener la soberanía y la independencia económica a cualquier costo.

Según Carugati, la presidenta, con su discurso, ha indicado «que no quiere entrar en default con ese 92%… y además quiere acordar con los que no entraron en los canjes. En ese caso, la solución que encuentre con el 1% del fallo de Griesa se extendería al 7% que no inició juicio o que su juicio no está tan avanzado» como el de los que lograron el respaldo de la Corte estadounidense.

Los bonistas favorecidos por la justicia estadounidense no aceptaron entrar en los canjes de deuda y reclaman el valor total más intereses de sus títulos en default.

En los días previos, y en medio de los cruces verbales entre el gobierno y el juez Griesa, el gobierno advirtió además que el país no podrá pagar el 30 de junio los cupones de deuda a sus acreedores reestructurados por 907 millones de dólares, de los cuales 225 son pagaderos en Nueva York, debido a la decisión de un tribunal estadounidense de levantar una medida cautelar que impedía el embargo de bienes o fondos argentinos en el exterior para asegurarles a los litigantes que cobren lo adeudado.

Algunos economistas afirman que Argentina entraría en default técnico el 30 de junio en caso de no poder pagar a los bonistas que aceptaron los canjes. Otros sostienen que el gobierno cuenta con 30 días de gracia para cancelar ese pago.

Según Carugati, la negociación «será bajo la mirada de Griesa que es el que debe volver a imponer la cautelar para que no haya embargo sobre los pagos a los reestructurados».