Al justificar el Presidente el negocio que está planeando la SAT, dijo que nuestro país no puede salir adelante con una carga fiscal que apenas equivale al 11 por ciento del ¨Producto Interno Bruto y tiene razón en que el desarrollo requiere de inversión fuerte y sostenida. Hay que admitir que históricamente somos un país reacio al pago de impuestos, tanto que nuestro origen como Nación independiente no fue por ansias de libertad, sino porque los mal llamados próceres no querían pagar impuestos a la corona española y para librarse de los tributos fraguaron la independencia sin que el pueblo, para variar, tuviera vela en el entierro.

El argumento más socorrido para objetar cualquier incremento de la carga tributaria ha sido la corrupción, pero nunca como ahora ese argumento ha sido tan sólido porque desafortunadamente no tenemos un gobierno por el pueblo y para el pueblo, sino tenemos un gobierno que vela por y para los negocios. Nada se hace si no salpica a los que están en poder y esa práctica se ha generalizado a lo largo de nuestra historia y, más que eso, se ha perfeccionado en los últimos años porque los saqueos son enormes y quienes otorgan concesiones o venden las empresas públicas terminan siendo dueños de ellas como se puede corroborar con abundantes muestras.
 
 Si el tema de la corrupción siempre fue pretexto para no pagar impuestos, nunca fue tan justificado como en los últimos años, con funcionarios que se han alzado con los recursos públicos en forma absolutamente descarada. Por supuesto que uno puede decir que primero tenemos que pagar impuestos justos y luego reclamar que se administren bien, pero en las condiciones actuales no hay esperanza de que puedan utilizarse adecuadamente porque todos los dados están cargados. No hay contrato que se haga sin que quede moco y aquella expresión grosera del alemán que dirigió la OIM, en el sentido de que en Guatemala no hay obra sin sobra, es absolutamente cierta, lapidariamente dolorosa.
 
 En La Hora siempre hemos creído que es una falacia afirmar que los países pueden desarrollarse sin impuestos y que una baja carga tributaria hará que el bienestar llegue a todos por derrame de los que más tienen. Sin embargo, no encuentra uno razones para justificar el aumento de la carga fiscal cuando se ve que el dinero público sirve para que los funcionarios compren haciendas, aviones, medios de comunicación, se hagan millonarios de manera descarada y sin que el pueblo reciba beneficios de la inversión pública. Cuando uno ve que las obras que se hacen son mamarrachos porque lo que cuenta es cuánto dejan de comisión y no cuánto van a durar sirviendo a la gente.
 
 Si el Presidente en realidad quiere impulsar un cambio profundo en Guatemala, tiene que empezarse con el combate frontal, no del diente al labio, a la corrupción que se ampara en ese régimen de impunidad generalizada que se extiende también a asesinos, secuestradores, narcos y asaltantes motorizados. Los que creemos que, en efecto, hace falta elevar la carga impositiva, no tenemos argumentos cuando se ve el despilfarro y la corrupción que existen.