Miles de ciudadanos y ciudadanas de doce comunidades kaqchikeles del municipio de San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala, participaron en una “marcha por la dignidad de las flores en resistencia”, hacia la ciudad capital del país durante los días 16 y 17 del presente mes, para reiterar su inconformidad con las autoridades del actual Gobierno oligárquico militar neoliberal.
Un comunicado deja claro que la protesta es por, cito: “construcción de la planta cementera San Gabriel, el Anillo Regional y la instalación de la Brigada Militar Alejandro Gramajo, que se han impuesto contra nuestra expresa voluntad, violentando nuestros derechos, irrespetando la legislación nacional y los convenios y tratados internacionales firmados por el Estado de Guatemala”.
El citado comunicado explica: “Las mujeres y los hombres Maya Kaqchikeles de las Doce Comunidades en Resistencia de San Juan Sacatepéquez ante la ciudadanía, el Estado y la empresa Cementos Progreso reafirmamos nuestro rechazo a la construcción de la carretera que unirá el Km. 38.5 de la Ruta Interamericana con la Finca San Gabriel, la edificación de la Planta Cementera San Gabriel y la instalación de la Brigada Militar en nuestro territorio, porque se han autorizado violando la Ley, atentan contra el medio ambiente y los recursos naturales, violentan nuestras formas de vida, nuestra convivencia y nuestros derechos colectivos como Pueblo indígena, particularmente nuestro derecho al desarrollo libremente determinado y el derecho a la consulta libre, informada y previa.”
En el marco de esa protesta demandaron al Estado y Gobierno, Poderes Ejecutivo, Legislativo Judicial, Alcaldes y Ministerio Público atender varias peticiones y recordaron los esfuerzos fallidos para solucionar el conflicto. Dice el comunicado: “Las Doce Comunidades en Resistencia de San Juan Sacatepéquez, demostrando nuestro civismo y ánimo pacífico, hemos participado en ocho procesos fallidos de diálogo, en donde hemos dado a conocer nuestra opinión, pero la empresa cementera, los funcionarios de los tres Organismos de Estado y los Alcaldes de San Juan Sacatepéquez han roto el diálogo o han incumplido lo acordado, y la respuesta ha sido la represión, la criminalización y las campañas de difamación en nuestra contra.”
También aportan datos sobre la represión contra los pobladores y los procesos judiciales que enfrentan algunos dirigentes comunitarios, cito: “Desde el año 2007 las Doce Comunidades de San Juan Sacatepéquez hemos mantenido una resistencia cívica y pacífica contra los proyectos inconsultos que nos afectan, por lo que hemos sufrido el asesinato de 8 compañeros; decenas de heridos; tres secuestros, entre ellos una niña; 14 allanamientos ilegales en las casas de los voceros comunitarios; 62 detenidos en diversos hechos represivos; 47 procesos penales en contra de nuestros dirigentes comunitarios; condenas injustas por 150 años contra el compañero Abelardo Curup; de 42 años, contra Faustino Camey y por 40 años a cada uno los hermanos Porfirio y Efraín Cotzajay; más de Q.580 mil pagados en distintas fianzas; un Estado de Prevención impuesto ilegalmente el 22 de junio del año 2008; amenazas e intimidación a los abogados que nos han asesorado legalmente; decenas de hechos de intimidación y campañas de difamación en contra de nuestra lucha y de organizaciones que nos apoyan.” Fin de citas.
P.S. “La caída del Presidente Árbenz Guzmán: causas y legados de una coyuntura crítica” fue el conversatorio entre los académicos Edelberto Torres-Rivas, Alfredo Guerra Borges y Gabriela Escobar en ocasión del 60 aniversario de la intervención estadounidense y la interrupción del proceso revolucionario iniciado en 1944.