Juan Pablo Arce, coordinador del Departamento Jurídico de la Procuraduría de los Derechos Humanos, calificó de “preocupante” el fallo de la Corte de Constitucionalidad que permite al Registro Nacional de las Personas seguir cobrando a los migrantes guatemaltecos en los Estados Unidos, US$85 para obtener el Documento Personal de Identificación (DPI).

El pasado lunes, la Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad planteada por el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, en 2013, contra el cobro de un dólar por cada quetzal para la emisión del DPI en el extranjero, específicamente a migrantes guatemaltecos en Estados Unidos.

El coordinador del Departamento Jurídico de la oficina del Ombudsman, Juan Pablo Arce, expresó que es preocupante la sentencia que emitió recientemente el máximo tribunal de justicia del país, debido a que los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos no están en las mejores condiciones económicas para hacer ese gasto y obtener su documento.

“Los guatemaltecos no se van en las mejores condiciones económicas y precisamente por la situación que tienen se ven obligados a irse fuera del país. Lamentablemente la argumentación del Procurador de los Derechos Humanos no cuajó porque a juicio de la CC no se argumentó bien sobre ello o no es válido lo argumentado, y fue que se declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad”, dijo.

Aunque el representante de la PDH indicó que se acatará la resolución de la Corte respecto al cobro del DPI en el extranjero, no descartó presentar un nuevo recurso legal, pero enfatizó en que dependerá de la evaluación del Procurador de los Derechos Humanos y será él quien comunique nuevas acciones.

Cabe mencionar que en noviembre del 2013, Jorge de León Duque, presentó la acción de inconstitucionalidad contra del Registro Nacional de las Personas, pues según el Magistrado de Conciencia, el cobro del DPI en EE. UU. viola el artículo 4 de la Carta Magna.

Pero en la reciente resolución, la CC argumentó que no se viola el principio de igualdad, puesto que las condiciones en que viven los connacionales en aquel país no son distintas a las de Guatemala y no se menoscaba su dignidad.

“Nos causa extrañeza que la Corte haya dicho que no se vulneraba el principio de igualdad, porque las condiciones en el extranjero son distintas a las de Guatemala. En vista de las circunstancias, hay que buscar otras salidas en pro de nuestra gente y que se le afecte lo menos posible su economía personal y familiar…porque se afecta el bolsillo de la persona y también a las familias que reciben dinero”, subrayó Arce.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), alrededor de 1.5 millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos, y la mayoría carece de residencia legal por ser indocumentado.