De acuerdo con el editorial de La Hora del pasado 16 de junio, los sucesos con los niños migrantes encaran un problema mucho más serio, que es interno, y se refiere a una sociedad con grandes males económicos, que redundan en la precariedad laboral, pero que se sustentan en “una cultura que no valor sino exprime al ciudadano”.

Nótese lo fuerte y profundo de tal connotación, en virtud de que ello tiene que ver con los grandes rezagos estructurales que padecemos, y que invitan a una urgente discusión sobre las políticas económicas y sociales que necesitamos de cara al futuro, tema éste, que dicho sea de paso, no se oye ni por asomo en el recinto parlamentario o en la discusión nacional, centrada en comisiones postuladoras, temas de la violencia crónica y el rutinario monitoreo de las acciones gubernamentales.

En singular estudio del Banco Mundial, comandado, entre otros, por investigadores como Guillermo Perry, se sistematiza el también serio problema de la informalidad, y se le pone el apellido de: “salida y exclusión”. Se asevera que la informalidad es un “modo de vida” en América Latina, dado que la mayoría de la fuerza de trabajo no está protegida bajo un sistema de pensiones y mecanismos de redes de protección.
Buena parte de la informalidad, en sí es ya exclusión, pues muy poca gente se saldría del campo económico y cultural en el que se encuentra si estuviera protegida bajo un sistema de seguridad social y con el ofrecimiento de un futuro mejor para su núcleo familiar.

Hay entonces, dice el estudio, una dimensión de “salida” que no ha sido bien tratada en la literatura: trabajadores, firmas y familias que tienen insatisfacción con el performance del Estado, o simplemente sin hallar beneficio alguno en la interacción con dicho Estado, y entonces se opta por la informalidad.

La protección social está entonces en el centro de todo esto, y que conste que no lo estamos explicando bajo el manto del neoconstitucionalismo transformador, que viene siendo moda en diversos países de América del Sur, sino bajo el análisis renovado que el Banco Mundial tiene sobre la problemática latinoamericana.

La protección social de un Estado está enfocada hacia el apoyo a la gente para manejar el riesgo más efectivamente, según el documento que se comenta. Y las políticas son diversas: podría ser más seguridad en los ingresos, protección a la gente de shocks inesperados (tales como enfermedades familiares o caídas económicas en los hogares), el desarrollo y protección del capital humano en los segmentos más pobres; y así una serie de medidas que son impostergables para la sociedad guatemalteca.

Si bien en el medio conservador existe una fuerte crítica al Estado del bienestar, a pesar de que el pobrerío es lo que priva en la mayoría de la población, es urgente la formulación de una agenda destinada a visualizar cuáles son los problemas estructurales de la sociedad, y la forma y método para resolverlos.

Y conveniente es, a estas alturas del partido, no tratar de “descubrir el agua azucarada”. En el mundo se viene trabajando en una mayor interacción entre políticas económicas y sociales, que tienden no sólo a mitigar la pobreza, sino a entrarle a temas más serios como bien lo dice el editorial de La Hora.