Indígenas kichwa sarayaku de la Amazonía ecuatoriana relataron ayer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) los problema que padecieron por la incursión legal de la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) a su territorio.
«La desgracia venidera no será solo para mi o para mi familia, sino que irá de generación en generación», expresó taciturno el líder espiritual de los sarayaku Sabino Gualinda, de 89 años.
Los hechos se remontan a 1996 cuando el Estado ecuatoriano concesionó tierras de los sarayaku a CGC. La comunidad se opuso y fueron objeto de agresiones y amenazas. De acuerdo a la delegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Luz Mejía, en la zona aún hay enterrados 1.500 kilos de dinamita.
Aunque luego las autoridades cancelaron la concesión, el año pasado el gobierno redefinió los bloques petroleros y de nuevo incluyó tierras de los sarayaku y de otros grupos indígenas para incluirlos eventualmente en nuevas convocatorias para explotarlos, dijo en la audiencia Viviana Krsticevic, directora de CEJIL, una de las organizaciones que representan a las víctimas.
La testigo Patricia Gualinga, dirigente de la comunidad, detalló sobre su ubicación y aspectos como que el acceso solo se hace por río o por avioneta, además de apuntar la relación estrecha entre ellos y la selva que los rodea.
«Hubo todo tipo de amenazas, llamadas que decían que nos iban a cortar la cabeza, enfrentamos 13 juicios, notas que decían que habíamos muerto… fueron afectados sitios que consideramos sagrados y ahí pusieron explosivos… dos chamanes fueron asesinados», contó la mujer.
También rindió declaración Marlon Santi, quien hasta marzo pasado lideró la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
«En el 2001 (el pueblo de) Sarayaku decidió proteger su territorio como garantía de vida para próximas generaciones. Decidió no permitir la actividad petrolera», explicó Santi, quien habló además sobre los llamados «campamentos de paz y vida, que eran cercas, fronteras vivas y cuando llegan trabajadores de la empresa o el ejército les pedíamos que se retiraran».
Detalló que «una vez viajando a Quito fui interceptado por dos personas que me dijeron que dejara el caso o me matarían como perro, me golpearon». Tras recuperarse dijo que se dio cuenta que lo despojaron de documentos que llevaba consigo pero no de dinero.
Los testigos y otros miembros de la comunidad que asistieron a la audiencia llegaron vestidos con ropas tradicionales y con sus rostros pintados con motivos étnicos.
Como líder espiritual, Santino Gualinga ofreció una visión de la cosmografía de los sarayaku, hablando sobre los seres, amos de la selva que la habitan y cuidan.
Al ser consultado sobre qué le pediría a la Corte, el anciano dijo «que no dejen ingresar a los que andan reventando la tierra, estoy pidiendo por la tierra de donde soy… porque botan los árboles y no sabemos cuándo más van a crecer».
Ena Santi subió al estrado con su bebé y relató su forma de vida, de cómo en Sarayaku todos se dedican a sembrar y cazar y con la resistencia a la petrolera debieron dejar eso y pasaron hambre.
«Nos golpearon a todos, a mi esposo le golpearon la cabeza y quedó enfermo desde esa vez, todos quedaron enfermos, yo estaba con un hijo recién nacido, salí corriendo, nos golpearon cuando íbamos pasando por ese lugar para ir a una marcha a Puyo», dijo Santi sobre un ataque que habría sucedido en Canelos.
Ena Santi, que comentó tiene 10 hijos, lloró cuando al dirigirse a los jueces les dijo: «Pido a las autoridades de aquí que le digan a nuestro gobierno que nos respeten y que saquen de nuestro territorio ese explosivo y que protejan a nuestros líderes, que no los persigan ni les digan que les van a cortar la cabeza. Soy viuda, mi esposo murió hace dos meses y estoy dejando este legado (el testimonio) a mis hijos».
Tras más de cuatro horas, la audiencia fue suspendida por el presidente de la Corte, el juez peruano Diego García Sayán, para ser reanudada el jueves con la declaración de peritos y la presentación de los alegatos finales.