En la crisis provocada por la decisión del Gobierno de intervenir en la regulación del transporte pesado con relación a los horarios que tienen para circular, creemos que es urgente que la Corte de Constitucionalidad se pronuncie para preservar la autonomía del Municipio que en las materias que legalmente le competen, como la regulación del transporte de carga, no puede supeditarse a las decisiones de otra autoridad.
El problema final, como lo vemos nosotros, es que este conflicto puede derivar en una confrontación de mayores consecuencias si no se actúa con suficiente madurez política. Porque el Gobierno puede utilizar como instrumento para presionar a la Municipalidad y hasta para hacer valer su autoridad, una medida que revoque la delegación que se ha hecho para que opere la Policía Municipal de Tránsito y para que las municipalidades ejerzan el control del tráfico de vehículos en sus respectivas jurisdicciones.
Evidentemente en el control del transporte de carga la Municipalidad está actuando en legítimo ejercicio de su autonomía y por lo tanto el Gobierno hará mal si interfiere con las decisiones en ese campo, pero el tono de la disputa parece ir creciendo hasta convertirse en un enfrentamiento personal entre el Presidente y el Alcalde, antiguos amigos muy estrechos, que ahora están totalmente distanciados al punto de que se manifiestan abierta hostilidad.
Si esa hostilidad se traduce en acciones políticas de uno y otro lado, al final los que terminaremos perdiendo somos los vecinos del Municipio porque nos veremos afectados por un pleito entre dos personas que no sólo fueron muy amigas, sino que por obligación y deber patriótico, tienen que actuar de común acuerdo y trabajar por el bien común.
Desde el punto de vista legal no nos cabe duda de que la Municipalidad tiene facultades de sobra para regular el transporte de carga en su jurisdicción y eso significa que los horarios establecidos están en ley. Desde esa perspectiva, la Corte de Constitucionalidad no puede sino darle la razón a la Municipalidad de Guatemala, aunque ello moleste al Gobierno y moleste a los pilotos que, en todo caso, deberán dirimir sus reclamos ante los empresarios porque al final de cuentas todo se traduce a condiciones de trabajo. Pero el Gobierno podría tomar alguna represalia contra la Municipalidad y hacerlo con base en la ley, es decir, estableciendo modificaciones a la facultad que les ha otorgado a todos los municipios para regular el tráfico de conformidad con la Ley de Tránsito. Eso es lo que nos preocupa y ojalá no se llegue a extremos que hagan más aguda la confrontación y que al final afecten a todos los vecinos, porque el actual departamento de tránsito del Ministerio de Gobernación no tiene capacidad para sustituir a las PMT´s que funcionan en el país.