Los niños, jóvenes y adultos mayores son tres de los más importantes grupos sociales identificados en una sociedad. En su conjunto, forman una gran parte de cualquier país, especialmente aquellos que como Guatemala, están en un proceso de desarrollo económico y humano que tienda a brindar equidad en sus vidas.
Estos grupos sociales se convierten en importantes valores agregados cuando desde su inicio el Estado los reconoce como tales, creando políticas públicas, generando espacios de inclusión, protección y desarrollo. Además, y especialmente, cuando estos grupos se han reconocido como de naturaleza vital para los países, por su contribución presente, futura o pasada.
De los niños y niñas se dice que son el futuro de la nación, pero en el caso guatemalteco más parecen que se convierten en parte de la población económicamente activa, al ver los índices de trabajo infantil, legal e ilegal. De lo legalizado, puede entenderse que existan oficios que permitan aprendizaje de los menores de edad, y que tiendan a formarles en su carácter y en su vida, siempre y cuando sean acordes a su edad y no infrinjan daño físico o psicológico, o bien que menoscaben su dignidad. Del trabajo infantil ilegal, poco se puede decir, más que quienes abusan de esta condición de los menores, debieran tener sanciones ejemplares, desde el cierre del negocio inmediato, pasando por la reparación para los niños y sus familias, hasta penas que pudieran llegar a ser de prisión.
De la juventud o adolescencia, la preocupación es igual de importante, toda vez que por su dinámica hormonal, en esta etapa de la vida los jóvenes son altamente influenciables, y esto está siendo aprovechado por criminales de distinta índole, en países con graves problemas de narcotráfico al usarlos como “mulas” o transportadores de droga; en países en guerras civiles, como sicarios y soldados; mientras que en países como Guatemala, las pandillas o grupos de antisociales les ofrecen convivencia, afinidad y amistad, a cambio de sicariato, extorsión y robos. Las políticas de integración familiar son las más necesarias en esta etapa, pero sus resultados son a largo plazo, y algunos de ellos quizá no lleguen a ese momento. Tocará pensar entonces en otras alternativas urgentes, sin dejar a un lado las importantes.
Y en cuanto a la tercera edad, o aquellas personas que sobrepasan los 65 años (según el índice del sistema de Naciones Unidas), las sociedades inteligentes aprovechan ese recurso humano como un gran aporte de experiencia y conocimiento adquirido, además de comprender que por su edad a la que han llegado, requieren también de cierta asistencia. Dependiendo del sistema de seguridad social, el adulto mayor deberá tener más o menos atención del Estado. Si se cuenta con un seguro social integral, el Estado no tendrá que hacer nada más que velar porque ese sistema funcione, pues inmediatamente le da cobertura a medicina, médicos, nutrición y ocupación, principales necesidades de este grupo. Si por el contrario el Estado no cuenta con ese seguro social funcional (el caso de Guatemala), son necesarias algunas acciones particulares y muy importantes para este grupo, principalmente para evitar que por inacción, sufran física o mentalmente un abandono.
Las políticas públicas del Estado, principalmente orientadas a proteger, deben tener congruencia con el respeto al ser humano y a la importancia que significan todos los seres para el país y para la sociedad. Si todos contribuyen, todos se benefician. Y así, solo resta que las autoridades tengan conciencia y sean honestos en el manejo del erario público.