El gasto fiscal para la atención médica de los veteranos de guerra podría duplicarse en tres años bajo el proyecto del Senado para reducir las largas esperas en hospitales y clínicas de la Administración de Veteranos, dicen especialistas del Congreso en materia presupuestaria.
De acuerdo con la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso, un análisis del proyecto aprobado por la cámara alta la semana pasada estima que la medida sumaría 35 mil millones de dólares en los próximos tres años a los 44 mil millones de dólares anuales que gasta el gobierno actualmente en la atención médica de los veteranos.
Tanto el proyecto del Senado como otro de la cámara baja aprobado la semana pasada provocarían un aumento drástico del costo de la atención médica pagada por el gobierno. Obligaría al Departamento de Asuntos de Veteranos a pagar a proveedores privados para tratar a veteranos que no pueden obtener turnos inmediatos en el millar de hospitales o clínicas para pacientes ambulatorios de la administración o que viven a más de 65 kilómetros (40 millas) de una de esas instituciones.
Una vez implementado el programa, los veteranos «buscarían atención adicional que le costaría al gobierno federal unos 50 mil millones de dólares anuales», el doble del gasto actual, según la oficina presupuestaria.
Los proyectos son la respuesta del legislativo a la indignación por los pacientes que mueren mientras esperan ser tratados y los indicios crecientes de que empleados falsificaron u omitieron horarios de turnos para disimular las esperas, tan frecuentes como prolongadas. El alboroto en un año de elecciones obligó al secretario de Asuntos de Veteranos, Eric Shinseki, a renunciar hace dos semanas.
Una auditoría dada a conocer la semana pasada indicó que más de 57 mil veteranos tuvieron una espera de al menos tres meses para ser atendidos. Otros 64 mil que solicitaron turnos en el último decenio jamás los recibieron.
La administración ha confirmado que al menos 35 veteranos murieron mientras esperaban turnos en la zona de Phoenix, aunque las autoridades dicen que no han determinado si la falta de tratamiento fue la causa de muerte.