“Del fanatismo a la barbarie sólo media un paso”. Denis Diderot.
Myrna Mack muere a manos de operadores del Estado, durante la guerra de los 36 años. En su momento se investigó y se lograron capturas y sentencias. Y hay nuevas capturas.
En el caso Parlacen, mueren tres diputados salvadoreños y el conductor del vehículo y se suman los policías del Estado de Guatemala que perpetraron los asesinatos, quienes también fueron asesinados.
“Pavo Real”, nombre cifrado de una operación a manos de agentes del Estado, que generó la muerte de siete reos, a quienes precisamente el Estado debía garantizar su seguridad y su vida La ejecución extrajudicial recibió el beneplácito de la sociedad que aplaudía “poner orden”. Ante el terror que vivía, sin percatarse que era, precisamente por los abusos de los que gobernaban.
Estos casos tienen en común tres factores: la muerte como final, el Estado como actor principal y la ley.
Los casos Parlacen y “Pavo Real” se dan en tiempos de paz cuando el Estado tiene las herramientas legales para actuar, pero sus delegados lo hacen como burdos y crueles asesinos. Lo dramático es que se producen en el gobierno que llega al poder para fortalecer la democracia y lograr un Estado de Derecho, fuerte y futurista; permitiendo la llegada de un organismo internacional para desmantelar a los grupos clandestinos que operan en el país. ¿Quién iba pensar que desde el Estado mismo operaban estos grupos de asesinos que a nombre del “orden mataron a sangre fría”?
En los años de la guerra se produjeron ejecuciones extrajudiciales por parte de los dos bandos… no debió de ocurrir, pero el Estado se negó a llevar a los tribunales a los guerrilleros y se fue por la ejecución extrajudicial, maquillada muchas veces por “muerte en combate”. Los guerrilleros “ejecutaron sumariamente “a supuestos enemigos del movimiento, quienes fueron colaboradores del Ejercito”.
En su libro “Muerte en Guatemala” que se edita en Europa, el periodista Ricardo Gatica Trejo narra cómo los cadáveres eran abandonados con rótulos que buscaban una justificación a esas ejecuciones extrajudiciales. “Por traidor a las FAR” o “Por ser asaltante y ladrón, me pasó esto”.
La sociedad guatemalteca está en shock al conocer cómo estos grupos, en el gobierno de Óscar Berger y Eduardo Stein bajo las órdenes de su ministro de Gobernación Carlos Vielman Montes, “el doctor Javier Figueroa”, Erwin Sperisen, el doctor Alejandro Giammattei, director de presidios, eran “dueños de vida y bienes”, en la mejor tradición de los grupos económicamente poderosos de Guatemala.
Hay quienes aún aplauden sus acciones, pero quizás no recuerdan o conocen que fueron esos excesos los que durante la guerra nos llevaron a vivir en el terror, en la “barbarie como aplicación de la ley”, cuando la misma debe discutirse en los tribunales, a la luz del día, con las reglas claras y definidas. Aceptar el asesinato a mansalva, a nombre del Estado, es aceptar que Guatemala es un país de salvajes” y no que estuvo gobernada por asesinos delincuentes que sobrepusieron sus intereses personales