El vicepresidente argentino Amado Boudou era indagado el lunes como sospechoso de tráfico de influencias en una causa judicial que el segundo en la línea presidencial ha desacreditado por considerarla una maniobra mediática y que podría derivar en su procesamiento.
Boudou declaraba ante el juez federal Ariel Lijo, que investiga las maniobras ilícitas que presuntamente cometió junto con dos socios cuando era ministro de Economía para rescatar y adquirir en 2010 a la quebrada Ciccone Calcográfica, la única capaz de imprimir papel moneda. El fin del funcionario habría sido beneficiarse de jugosos contratos con el Estado.
Boudou, que atraviesa su peor momento político, está acusado de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
No hay antecedentes en Argentina de una citación a indagatoria a un vicepresidente en funciones.
«Voy a contar la verdad, voy a recibir todas las preguntas y las voy a evacuar», afirmó Boudou a los periodistas antes de presentarse en el juzgado.
Unos 300 militantes del kirchnerismo, el movimiento fundado por el fallecido presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y su viuda y sucesora Cristina Fernández, esperaron al vicepresidente en los tribunales con grandes banderas y tocando bombos para manifestarle su apoyo.
Boudou también recibió críticas de los presentes. «Si quedara detenido después de la indagatoria, es una muestra hacia el mundo que limitamos la corrupción, no que la eliminamos, porque la corrupción está impresa en las mentes de los argentinos», dijo a The Associated Press Claudio, de 53 años, que no quiso dar su apellido.
De ser procesado, el funcionario no quedaría en detención preventiva porque la pena mínima con la que se castiga el delito del que está acusado es menor a los tres años de prisión.
Una vez finalizada la citación, el magistrado cuenta con un plazo de 10 días para decidir si procesa al vicepresidente por considerar que incurrió en un delito, si lo sobresee por considerar que no lo hizo o le dicta la falta de mérito al entender que no hay pruebas suficientes para inculparlo o sobreseerlo, lo que implica que seguirá bajo investigación.
Antes de presentarse, Boudou informó oficialmente a Lijo que quería grabar la audiencia con equipo técnico del Senado, cámara que él preside. «Le adelanto que se procederá a grabar en audio y video la declaración con un sistema similar al que todas las Cámaras de Apelaciones y la Cámara de Casación Penal utilizan en todas las audiencias orales durante la instrucción», sostuvo el escrito presentado por el abogado Diego Pirota, defensor de Boudou.
El vicepresidente afirmó días atrás que quería darle publicidad al encuentro con el juez porque no confía en él y porque éste supuestamente filtró información en su contra a la prensa. El magistrado se negó en aquel entonces a que se difundiera la indagatoria al indicar que el sumario es público para las partes pero secreto para los extraños.