El reporte de la empresa de telecomunicaciones Vodafone sobre la vigilancia gubernamental a sus clientes en 29 países revela más de lo apreciado en un principio, y está suscitando cuestionamientos desde Dublín a Delhi respecto a cuánto espionaje a correos electrónicos y conversaciones telefónicas ocurre en secreto.
En el reporte publicado el viernes, Vodafone indicó que la mayoría de las naciones solicitan el conocimiento y cooperación de la compañía para escuchar llamadas telefónicas o ver correos electrónicos, pero que al menos seis gobiernos han otorgado a sus agencias de seguridad el poder de acceso directo.
Vodafone no identificó a los países que han interceptado su red, pero el reporte proporciona algunas pistas. Un apéndice de 88 páginas revela que cinco naciones — Albania, Egipto, Hungría, Irlanda y Qatar— tienen estipulaciones que permiten a las autoridades exigir acceso sin restricción.
En un lenguaje ambiguo, el reporte indica además que también pudieran existir poderes similares en la India y el Reino Unido.
En demasiados casos, dijo Vodafone, los gobiernos mantienen tanto a la compañía como a la mayor parte de la sociedad en la oscuridad respecto a lo que está ocurriendo, con leyes prohibiendo expresamente a los gobiernos revelar cualquier detalle sobre su vigilancia electrónica.
Irlanda, un centro europeo para muchos medios sociales y compañías de comunicaciones, se negó a decir a Vodafone cómo ingresó su policía nacional a sus servicios inalámbricos y de internet. La situación irlandesa es aún más turbia por el hecho de que sus leyes sobre la materia datan de 1983 y 1993, cuando la comunicación móvil y por correo electrónico estaba apenas en sus inicios.
El gobierno irlandés defiende la necesidad de la vigilancia electrónica para combatir a facciones del Ejército Republicano Irlandés y al hampa de Irlanda. Pero la autoridad protectora de los derechos civiles de Irlanda acusó al gobierno de desidia jurídica durante las dos últimas décadas de innovación en las telecomunicaciones.
«Nuestras leyes de intercepción fueron redactadas en una era predigital y sencillamente ya no son adecuadas para el propósito», dijo Mark Kelly, director del Consejo Irlandés por las Libertades Civiles.
Kelly expresó que pidió al gobierno que confirmara si maneja «acceso directo a las redes de operadores de telecomunicaciones».
Otros países europeos son mucho más abiertos. En Alemania, por ejemplo, el gobierno publica estadísticas anuales. En 2012, el año más reciente reportado, Alemania informó haber realizado 18.026 solicitudes a compañías telefónicas para escuchar 23 mil 687 llamadas.
La intervención de líneas telefónicas y el acceso a registros de llamadas con propósitos judiciales es una práctica con décadas de existencia que es aceptada incluso en las democracias más abiertas. Con respaldo de cortes, la policía puede solicitar la cooperación de las compañías telefónicas para tener acceso a comunicaciones.