Es un argumento recurrente el de la necesidad de las reglas claras a las que apelan los empresarios cada vez que se quiere hacer una revisión sobre los contratos y concesiones con los que se logran, tras “eficientes” negociaciones, el control sobre alguna buena parte de los fondos y/o los bienes del Estado.
Pero hay otro tipo de “reglas claras” que también permanentemente se quieren esconder y, en algunos casos, hasta criminalizar en caso de que sean demandadas por parte de la población. Es así como nos encontramos en casos en que la mayoría de los proyectos extractivos, de generación eléctrica, etc., se convierten en la bandera por la defensa de la libertad de empresa que podría pasar sobre cualquier interés o derecho comunitario. También podemos decir que hay comunidades que han trabajado de la mano de las industrias que con verdadera intención e interés les han involucrado en el proceso de generación de oportunidades al instalarse y utilizar sus recursos naturales dentro de la inversión que impulsan.
Y a eso hay que sumar casos como el de las comunidades afectadas por la construcción de la planta Chixoy. Hay muchos que ven este caso como una terrible vitrina para el país a nivel internacional y que termina con un alto costo para los proyectos de asistencia que Estados Unidos nos proporciona, todo por el beneficio de “pequeñas” comunidades que quieren sacar plata del Estado.
Lo que se les olvida a los críticos son los hechos que los convirtieron de ciudadanos en víctimas. La violencia fue la forma en que se hizo el desplazamiento para el uso de las zonas de desarrollo del proyecto energético. Le guste o disguste a quien sea, las comunidades han recibido el reconocimiento sobre la comisión de abusos en su contra, por lo que deben ser resarcidas por parte del Estado de Guatemala. Mientras esto pasa, otras poblaciones siguen ignoradas en sus peticiones.
Hay que tener un sentido común sobre el respeto a las comunidades y su entorno. Cuando se piden reglas claras es generalmente para proteger negocios en los que algún aprovechado quiere que se respete su “habilidad” de pasarse de la raya de la decencia. Pero en el caso que comentamos no es más que el reconocimiento de los derechos y el valor que las comunidades tienen en la representación del bien común que, cualquier Estado, debe perseguir. Reglas claras por los ciudadanos y no solo para los negocios. Mientras haya corrupción para negociar con el Estado es absurdo que hablemos de respetar la única regla clara: “quien paga, manda”.
Minutero:
Proteger al ahorrante
era tarea importante
pero algunos funcionarios
taparon negocios bancarios