Cuatro de los cinco principales acusados de violar los derechos humanos de privados de libertad hace años, al retomar el Gobierno la Granja Penal Pavón, han sido ya juzgados. Dos de ellos en el extranjero y dos de ellos en Guatemala, con un saldo exactamente igual: en Guatemala, un comisario de policía condenado y un funcionario del sistema penitenciario absuelto. En el extranjero: un funcionario absuelto y un funcionario recientemente condenado, a purgar prisión para siempre, aunque aun pende de recursos legales a los que tiene derecho.
Y tener “derecho” es algo que alguna parte de la sociedad exige en el caso del exfuncionario Sperisen, pero que cuando se les pregunta por la razones de su juzgamiento no aceptan o no quieren reconocer como derechos los que le asistían a los reos muertos.
Y esa concepción de exigir “derechos” cuando lo consideramos adecuado, pero no así cuando se trata de regular circunstancias a los que el Estado está obligado a cumplir, es un problema que ha divido y está dividiendo a la sociedad en Guatemala. Afortunadamente o no, este hecho no es exclusivo de nuestro país y en otras latitudes también se dividen opiniones, aunque pareciera que existen mayores razonamientos lógicos en otras sociedades y ante todo priva el respeto y la tolerancia.
La muerte de estas personas que estaban, según fuentes internas del Gobierno de ese entonces, atentando contra la seguridad del Estado, al ser los cabecillas de bandas que robaban, extorsionaban y tenían de rodillas al Sistema Penitenciario, al menos en esa cárcel, deviene según algunas personas como “necesaria”, toda vez que el Estado no podía controlarlos estando vivos y por ende, no podían garantizar la seguridad de la población. En otras palabras, reconocen expresamente la incapacidad que tenían de controlar una población antisocial, y su solución fue la muerte. Pero esa decisión, tomada supuestamente en jerarquía por la cúpula de seguridad (Ministro, Director PNC, Director del Sistema Penitenciario y Jefe operativo de la PNC), no tiene sustento legal (cometieron el delito de ejecución extrajudicial), moral (pues solamente Dios puede decidir sobre la vida o muerte de cualquier persona, buena o mala) y ética, porque todos juraron fidelidad a la Constitución y esas acciones riñen con los principales procedimientos internos de las fuerzas de seguridad, en Guatemala y en todo el mundo. Por ello es que los policías son auxiliares de la justicia, y corresponde solamente a ésta, dictaminar con evidencia clara, la responsabilidad de las personas.
Los suizos juzgaron a Sperisen porque él así lo pidió, al salir de Guatemala para evadir la justicia guatemalteca, creyendo que en su país de nacionalidad alterna, podía resguardarse de los hechos. Es una buena lección para quienes se les acusa de cometer ilegalidades y creen poder escapar de la justicia, en otros países.
Ya la justicia hizo lo propio con Giammattei (Guatemala) y Figueroa (Austria) no encontrando evidencia clara de su responsabilidad. Sperisen (Suiza) y Vielman (España) quedan aún por ser juzgados en forma definitiva. Sin embargo, nuestra sociedad continúa en el debate no si ellos cometieron esos hechos o no, pues pareciera que lo aceptan literalmente, pero algunos no desean o aceptan que los exfuncionarios sean juzgados por ello, olvidando que los derechos humanos son de todos y todas, y aunque a algunos se les limite temporalmente, como lo fue el caso de los privados de libertad, no pueden ni deben menoscabarse derechos fundamentales como la vida o su integridad.
Algunos no les agrada el concepto de “derechos humanos”, y es entendible cuando quienes los defienden solo se preocupan por quienes parecieren o son agresores, olvidando que corresponde a la víctima el principal punto de apoyo, aunque en definitiva todos somos iguales en condiciones, derechos y obligaciones.