Durante una conferencia de prensa, Concejo Ecuménico Cristiano Guatemalteco manifestó hoy su preocupación frente a la conflictividad social que vive el país debido a la falta de responsabilidad de parte del Estado para garantizar el bien común de la población en general.

Según el Concejo la conflictividad se está manifestando alrededor de proyectos mineros, hidroeléctricos, madereros, petroleros y de monocultivos como la palma africana. “Nos preocupa la forma en que las autoridades están abordando este tipo de conflictividad, sin implementar verdaderos y genuinos mecanismos de diálogo”.

Además, indican que las autoridades han planteado temas que distraen la atención y confunden a la población, volcando a las fuerzas armadas del país en contra de la población organizada por la defensa de sus territorios, fuentes de agua y bosques.

“Es algo contraproducente y no debe ser la respuesta que la población encuentre a sus demandas, y más cuando el crimen organizado y el narcotráfico siguen causando zozobra y temor para las familias guatemaltecas”, señala el reverendo Vitalino Similox representante del Concejo Ecuménico.

Tras un monitoreo realizado a las diferentes comunidades que se encuentran en conflicto “hemos visto las lamentables secuelas de la violencia con que las fuerzas de seguridad han actuado, por lo que es importante que las instituciones de gobierno cumplan con la protección de los defensores de derechos humanos”, dijo Héctor Castañeda miembro de la Junta Directiva del Consejo.

Por lo que hacen un llamado a revisar seriamente los procedimientos que el Gobierno de Guatemala y las empresas están empleando para la autorización e implementación de los megaproyectos, “las comunidades han manifestado su descontento y preocupación por la falta de información y por la poco o nula certeza de los beneficios sociales y ambientales que estos dejan”.
 
El Concejo Ecuménico indica que es urgente un verdadero diálogo en donde se privilegie el interés común sobre el interés particular, el cual debe ser vinculante y llegar a acuerdos en beneficio de la mayoría de la población, de manera que no degenere en procesos infructuosos y desgastantes para las partes involucradas.