Los partidos políticos publicaron en la última semana varios comunicados de prensa en los que aseguran que sus equipos se dedican a retirar la campaña anticipada en todo el país, en cumplimiento de las disposiciones emitidas recientemente por el Tribunal Supremo Electoral.

Esa acción solo evidencia que los partidos aceptan la culpa de violar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en cuanto a que se anticiparon a realizar campaña para promocionar a sus candidatos y llamaron al voto para sus respectivas agrupaciones.

Era interesante escuchar hace solo unos meses antes a los líderes políticos, quienes aseguraban que todas sus actuaciones se enmarcaban en la Ley y que mantendrían el respeto por el Estado de Derecho. Eso solo nos confirma que, una vez más, nos estaban mintiendo.

Pero el problema es que sus mentiras ya no sorprenden y por eso es que después de la campaña anticipada el Tribunal debería dar un paso más y prestar atención a temas fundamentales sobre la política, como la manipulación de los estados financieros de los partidos y la investigación de los financistas de campaña.

Entiendo bien que la campaña anticipada moleste a la población, tal vez porque sea el aspecto más visible de los partidos políticos, pero creo que  hay temas más profundos que determinan la podredumbre  de la política.

Estaría bien no estar rodeado por pancartas, vallas y fotografías de los candidatos y sus penosas estrategias de propaganda, pero creo que se trata solo de una situación pasajera, mientras que los negocios y la corrupción en el Gobierno nos marcan a todos y con una mayor intensidad.

Si tan solo tuviéramos claro quiénes son los verdaderos “donantes” de las campañas, después podríamos entender los compromisos adquiridos por los gobernantes y quedarían en evidencia los negocios que hoy parecen inexplicables.

Nada sería mejor para los guatemaltecos que tener un pleno conocimiento de quiénes son los jefes de los partidos políticos y sus intereses, para comprender por qué aprueban leyes cuestionables, negocios lesivos para el Estado o fallos que consolidan la impunidad.

Es un tema bastante complicado y creo que el Tribunal tendría sus reservas para realizar una fiscalización efectiva, salvo algunas excepciones de magistrados que quieren hacer el cambio en la institución y el país.

Tal vez el control de las agrupaciones políticas solo podría ser efectivo si los ciudadanos ejercemos presión sobre las autoridades, para que cumplan con su función y demuestren que los partidos políticos no los mandan –aunque indirectamente les hayan elegido a través del Congreso–.

Quedarnos cruzados de brazos esperando no es una opción, o al menos, es lo que menos le conviene a la sociedad, porque significaría aceptar la violación a las leyes por parte de los partidos políticos y con nuestro inmovilismo, convertirnos en sus cómplices.

Ojalá que los ciudadanos y las autoridades demos un paso más para pasar de las acciones cosméticas a las profundas, y que haya un verdadero cambio en la política guatemalteca.