Ayer se publicó en el Diario Oficial el Decreto 15-2014 que contiene la “Ley Preventiva de Hechos Colectivos de Tránsito”, pomposo nombre para un instrumento legal que, a la luz de las circunstancias, está condenado a quedar como la disposición que prohibió a los motoristas andar como que son gusanos entre el tráfico. Y es que en Guatemala las únicas leyes que se cumplen son las que son aprobadas mediante el soborno. En el caso de la ley para controlar el uso de celulares desde las cárceles, esa parte nunca será implementada seriamente, pero la otra, la que despachó con la cuchara grande a las telefónicas, esa empezó a aplicarse al pie de la letra el mismo día en que cobró vigencia.

Mientras la Ley contra el robo de celulares quedó como una muestra de “buena intención” de los diputados, el decreto que aprobó un préstamo con dedicatoria para que la empresa Sigma Constructores siga mamando, bebiendo leche y hasta clavándose el ganado, será ejecutado al pie de la letra en “observancia del Estado de Derecho”, del régimen de legalidad y de cuanta babosada se les ocurra para justificar el trinquete.
 
 La nueva ley para prevenir accidentes en el transporte colectivo demanda una enorme voluntad política y decisión para meter en cintura a un gremio que tiene sus palancas porque es el que sirve a los partidos políticos para movilizar el voto el día de las elecciones y ese generoso aporte tiene la recompensa que les corresponde a todos los financistas de campaña. El gremio de los transportistas tendría que ser realmente puesto en cintura para que se pueda observar una ley que requiere el control de los pilotos que conducen unidades de transporte colectivo, pero que además exige revisiones periódicas a la chatarra rodante para determinar el buen estado de sus sistemas de seguridad y garantizar así la vida de los usuarios.
 
 Las leyes que son de beneficio colectivo quedan durmiendo el sueño de los justos porque para hacerlas cumplir nunca hay quién se haga cargo. ¿Qué ha pasado con la ley contra el enriquecimiento ilícito y la extinción de dominio a los corruptos? Lo mismo que con el reglamento de tránsito para prevenir asaltos desde las motos que se meten entre los carros con la mayor tranquilidad sin que nadie haga el menor esfuerzo por siquiera advertirles que están violando una disposición legal.
 
 Si hay una norma que obliga a llevar registro de pilotos y unidades de transporte público, la institución pública a cargo de tales controles estará a cargo de quienes serán los encargados de cobrar las mordidas para que todo siga como hasta el día de hoy, porque en honor a la verdad, a las autoridades les vale madre lo que es de interés público. No les queda tiempo para ejecutar esas leyes porque están dedicados, en cuerpo y alma, a ejecutar las otras, las que se aprueban con moco, las que son producto de los sobres que vuelan como mariposas en el Congreso y que son para la protección de intereses particulares y que surgen del tráfico de influencias.