La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público solicitó una pena de cárcel de 10 años en contra de Jacobo Salán Sánchez y Napoleón Rojas, militares retirados exencargados de seguridad de Alfonso Portillo, señalados del desvío de Q30 millones.
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El ente investigador también solicitó que el Tribunal Segundo de Sentencia ordene el pago de una multa de Q25 mil, así como que los señalados sean inhabilitados para optar a cargos públicos durante el tiempo que dure la condena.
Durante este juicio declaró José Armando Llort Quiteño, expresidente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), quien afirmó haber conocido a Rojas y Salán porque “eran los brazos derechos y eran la gente más pesada del gobierno de Portillo”.
El exfuncionario, así como otros testigos y documentos confirmaron la hipótesis del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sobre el traslado en efectivo al CHN de Q30 millones de los Q120 millones que fueron desviados del Ministerio de la Defensa, bajo secreto militar.
La defensa de los sindicados insistió desde el inicio del debate por el desvío de los Q120 millones. Portillo, Manuel Hiram Maza Castellanos y Eduardo Arévalo Lacs fueron absueltos en el año 2011.