El gobierno de Barack Obama ha indicado su disposición a abandonar su litigio contra una sección de la ley sobre inmigrantes de Arizona de 2010 cuyos críticos consideran abre las puertas a la discriminación racial.
Un acuerdo entre el Departamento de Justicia y la gobernadora republicana Jan Brewer pondría fin a la demanda, la cual le pide a un juez que anule el requerimiento de que la policía pregunte sobre el estatus migratorio de las personas sospechosas de estar en el país sin permiso, de acuerdo con documentos de la corte.
A cambio, Arizona eliminaría permanentemente una cláusula que requiere que los inmigrantes lleven consigo documentos con los que comprueben que están registrados ante el gobierno, según escribieron abogados en ambos lados de la causa. Las cortes han bloqueado esa sección preliminarmente.
Los abogados advirtieron en documentos presentados el jueves que aún no han preparado una propuesta de orden judicial con la que se implementaría su acuerdo en principio.
Si un juez aprueba un acuerdo así, todo lo que quedaría de la oposición del gobierno de Obama a esta ley sería una impugnación a una legislación de contrabando de inmigrantes de 2005. No se ha alcanzado un acuerdo sobre esa sección.
La posible resolución de partes clave de la impugnación se produce luego de casi cuatro años de litigio.
La Corte Suprema federal ratificó la cláusula de cuestionamiento de estatus legal, pero anuló la referida a la necesidad de portar documentos de registro.
Los tribunales han bloqueado además otras partes de la ley hasta que las disputas sean litigadas más a fondo, como la prohibición de albergar a inmigrantes no autorizados a estar en Estados Unidos. Ese requerimiento sería anulado permanentemente si el acuerdo propuesto es aprobado.
El Departamento de Justicia y la oficina de la gobernadora de Arizona no respondieron de inmediato a mensajes solicitándoles sus comentarios.
Persisten dos de seis otras impugnaciones a la ley de 2010. Una de las demandas fue presentada por una coalición de grupos cívicos que interpusieron un desafío más amplio que el del gobierno de Obama.
Karen Tumlin, abogada de la coalición, dijo que la demanda de su grupo continuará incluso si el gobierno deja de disputar la ley.
«Tiene que quedar claro» que los habitantes de Arizona no pueden ser detenidos ilegalmente con base en su posible estatus de inmigración, dijo Tumlin.