No es un secreto que muchos guatemaltecos no conocen la Constitución Política de la República de Guatemala, y debería ser una razón para preocuparnos. Sin embargo, ahora parece que deberíamos preocuparnos más por los guatemaltecos que sí conocen la Carta Magna y aprovechan esta situación para manipular la Ley con sus propias interpretaciones.

“El Presidente y Vicepresidente de la República serán electos por el pueblo para un período  improrrogable de cuatro años, mediante sufragio universal y secreto”, señala el artículo 184 de la Constitución.

La Ley es muy clara y no deja lugar a dudas en cuanto al plazo de gestión del Presidente y el Vicepresidente, por lo que cualquier otra lectura puede considerarse como una muestra de extrema ignorancia o de extremo irrespeto por el Estado de Derecho.

En el mismo contexto, considero que otro aspecto que vale la pena poner de relevancia en estos días es la elusión de responsabilidades por parte de las autoridades que deberían actuar, ante claras muestras de irrespeto por la Ley.

“La persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de Presidente de la República por elección popular, o quien la  haya ejercido por más de dos años en sustitución del titular, no podrá volver a  desempeñarlo en ningún caso.  La reelección o la prolongación del período presidencial por cualquier medio, son punibles de conformidad con la ley. El mandato que se pretenda ejercer será nulo”, indica el artículo 187 de la Constitución.

Por eso, el “debate” que se promueve desde ya en las altas esferas del Organismo Ejecutivo no solo es ilegítimo, sino también ilegal, y requiere una respuesta pronta y contundente de las instituciones que deben velar por el cumplimiento de la Ley.

No hacerlo, implicaría un incumplimiento de deberes, que se entiende como “el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función o cargo, será sancionado con prisión de uno a tres años”, de acuerdo con el artículo 419 del Código Penal.

Sin ser abogado o un experto en leyes puedo comprender bien que la iniciativa de discutir las reformas a la Constitución con miras a permitir la ampliación del periodo presidencial o la reelección está totalmente fuera de lugar.

Los que no conocen la Ley están en franca desventaja y los que se aprovechan de su poder para interpretarla a su antojo están incurriendo en ilegalidades, por eso a los ciudadanos conscientes de la realidad solo nos queda exigir que se cumpla con lo establecido en la Constitución.

El pasado de Guatemala aunado a un general como presidente, que se complace en “lanzar” el debate sobre la reelección o la ampliación del mandato presidencial pone nervioso a cualquiera. ¿Una dictadura se oculta detrás de una discusión con sonrisa democrática? Ese es el miedo.

La Constitución dice que no, y eso hace que jurídicamente sea imposible tratar de reformar los artículos mencionados. Quienes insisten en promover esos cambios, o no entienden, o tienen tan claro que en Guatemala los funcionarios no gozan solo de inmunidad, sino también de impunidad.