El globito que el ministro de Gobernación, Coronel Mauricio López Bonilla, lanzó al aire el pasado lunes, sobre que en los círculos del gobierno se habla de la posible creación de un impuesto de seguridad, para combatir el flagelo de la violencia y criminalidad en el país, podría ser una cortina de humo para distraer la atención de la opinión pública, mientras los estrategas del oficialismo avanzan en el proyecto para promover una reforma legal destinada a dar vía libre a la reelección presidencial, según coinciden varios analistas y observadores.

Llama la atención que el mismo Presidente Pérez Molina, quien asegura no tener interés en continuar al frente del gobierno, es quien más se ha inclinado por debatir el tema de la extensión del período presidencial.

El segundo párrafo del artículo 187 de la actual Constitución Política de Guatemala, categóricamente puntualiza que, la reelección o prolongación del período presidencial por cualquier medio, son punibles de conformidad con la ley. Agrega que el mandato que se pretenda ejercer será nulo.

De manera pues, que quienes traten de impulsar una reforma para dejar sin efecto la prohibición de la reelección, se exponen al riesgo de ser procesados judicialmente.

Lo del impuesto de seguridad pudo ser concebido como un distractor, pero en todo caso, el pueblo debe estar atento para rechazar cualquier proyecto de nuevas cargas tributarias, así como acciones encubiertas para perpetuarse en el poder.

Según lo que ha trascendido, Guatemala es gobernada por aproximadamente treinta exmilitares del pasado, amigos o compañeros de promoción del actual Presidente de la República, General Otto Pérez Molina. Varios de ellos fueron jefes de la G-2, expertos en tareas de contrainsurgencia y en mecanismos de inteligencia militar.

Detrás de ese grupo, están los financistas de la campaña del Partido Patriota, que son los representantes del poder industrial y el poder financiero, quienes son los que impulsan las principales decisiones en el país. Para ellos es muy cómodo gobernar detrás del Presidente y por eso no objetan la prolongación del período presidencial.

Históricamente los gobernantes militares han cumplido y siguen cumpliendo el papel de custodios de los intereses de la clase dominante.