El Código Penal literalmente reza: “PROPAGANDA REELECCIONARIA ARTÍCULO 382. Quien hiciere propaganda pública o realizare otras actividades tendientes a la reelección de la persona que ejerza la Presidencia de la República, o a cualquier otro sistema por el cual se pretenda vulnerar el principio de alternabilidad o a aumentar el término fijado por la Constitución para el ejercicio de la Presidencia de la República, será sancionado con prisión de dos a seis años y multa de doscientos a dos mil quetzales.”

La ley es sumamente clara: Es un delito  el discutir la posibilidad de la reelección del Presidente en funciones o analizar prolongar su período.   Sin embargo, sí es posible que se pueda  discutir  para próximos períodos.

En nuestra cultura, a las leyes y la Constitución les damos el valor de papel toilette, no le damos importancia cuando funcionarios públicos transgreden la ley, ya sea  el Presidente de la República  o  el funcionario más bajo de gobierno. No se nos pasa por la cabeza la posibilidad de alguna persecución penal a funcionario alguno. La impunidad en este tipo de delitos es del 100%,  en consecuencia el clima de impunidad, ingobernabilidad e insostenibilidad como país y Nación se sigue fomentando.   

Hay opiniones que sostienen que esta propuesta no es más que una cortina de humo del gobierno para distraer a la población y el proceso electoral que en definitiva ya comenzó. Hay otros que afirman que tienen la intención de hacerlo. Independientemente de que esto sea una cortina de humo o una estrategia que el Gobierno ve viable, discutirlo sigue siendo un delito.

Si realmente estas personas quieren entablar una discusión seria al respecto de la reelección o prolongar el período de Pérez Molina, antes de considerarlo, primero lo que procede es modificar el Código Penal.  Si esto no se hace, no se comete solo un delito de parte del funcionario que discuta la reelección del actual Presidente, sino un rosario de delitos que pudieran incluir abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, usurpación de atribuciones, omisión de denuncia, etcétera.

Solicito a la nueva Fiscal General que haga cumplir la ley e investigue a las personas que han insinuado reelegir o prolongar el mandato del general Otto Pérez Molina. Si se establece que se ha violado el Artículo 382 del Código Penal, se tiene que proceder con toda la fuerza de la ley para hacer respetar nuestro Código Penal y la Constitución Política de la República.

Es importante que la Fiscal General cumpla con su mandato y empiece a romper la cultura de “me vale” la ley, que “me vale” el delito, que “me vale” la Constitución.  Si no llegamos a romper este modo de operar y pensar estamos condenando a nuestros hijos a la esclavitud y pobreza. El imperio de ley seguirá siendo substituido por la ley del más fuerte y nadie más que un grupúsculo de personas, podrá gozar de libertad y recursos.

En Guatemala ya somos esclavos del miedo y el terror. Los asesinatos, las violaciones, la violencia que impera en el país es resultado de que no hay consecuencias al violar las leyes vigentes. ¿Hasta cuándo, Guatemala? ¿Hasta cuándo?