Mientras se sigue discutiendo sobre los resultados reales de lo que las autoridades de momento y sus seguidores llaman la “toma de control” de Pavón en el operativo que terminó con la muerte de varios reos y el proceso judicial contra los responsables de la acción, vemos que en general el sistema penitenciario no avanzó en lo más mínimo hacia lo que debería ser su función.

Hoy publicamos, basados en información del Ministerio de Gobernación, cómo es que 70 clicas han asumido una política de control y temor en varias zonas capitalinas, municipios aledaños e iniciado penetración hacia el interior del país. Pero lo peor de todo, es el secreto a voces de que estas operaciones son manejadas desde el interior de los centros de detención del Sistema Penitenciario.

  Y es que la práctica corrupta que impide que se establezcan medidas de control real ha hecho que cada una de las cárceles sea, nada más y nada menos, que universidades del crimen en el que un detenido en lugar de tener opción a la reinserción, se encuentra ante la necesidad de acoplarse e integrarse a la práctica de acciones delictivas. Por otro lado, las instalaciones penitenciarias son las “oficinas” de los criminales que al estar dentro no son perseguidos y cuentan no sólo con coartada, sino con todos los elementos necesarios para hacer su trabajo como teléfonos, computadoras, etc.

  En Guatemala la práctica del sistema penitenciario ha sido la “administración” de lotes con delimitación perimetral, con algunas puertas internas que hacen los sectores, pero sin una política de clasificación de reos que permita el trato adecuado para todos aquellos criminales de alta peligrosidad o las políticas de atención para quienes por un delito menor deben estar algún tiempo detenidos.

  Ver que es a lo interno de nuestras cárceles, bajo el “control” de las autoridades, es que se emiten las órdenes que mantienen de rodillas a los guatemaltecos por las prácticas del terror que aplican, resulta incomprensible y no debe ser tolerado.

  Las autoridades quieren aplicar un impuesto de seguridad para ayudar a financiar las acciones de las fuerzas de orden público y, a la vez, desde sus cárceles se aplica otra forma de tributo que es la extorsión que las pandillas realizan sobre comercios y residencias que tienen que pagar las cantidades aun estando en dificultades económicas para cubrir los pagos.

  Extorsiones, secuestros, sicariato, etc. En las cárceles nunca se retomó el control y es urgente que se garantice que quienes tienen el mando y quienes deciden, son las autoridades y no los delincuentes. Con la ley, también se puede.
   

Minutero
Los centros de detención
en manos de delincuentes
que hacen de la prisión
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