En Guatemala cada día que pasa comprobamos que la ley en manos de los politiqueros enquistados por años en puestos clave de la burocracia están perdiendo totalmente el respeto a la ley. No importa su categoría, lo mismo da la aplicación incorrecta de la Ley de Compras y Contrataciones, el Código Civil o el Penal y hasta la misma Constitución. No he salido del asombro que me causó enterarme que un legislador que participó en la promulgación de esta última haya sido capaz de ser el primero en señalar el camino para no cumplirla, importándole un comino que con ello esté propiciando un golpe de Estado a la Constitución política.

¿Qué podemos esperar entonces de un servidor público de menor nivel jerárquico cuando le exigimos cumplir con sus deberes y obligaciones? ¿Adónde fueron a parar los juramentos de tantos funcionarios de cumplir y hacer cumplir las leyes del país?

    El argumento que ahora utiliza el primer mandatario, también imitado por cualquier servil empleado como muletilla para pisotear cualquier norma legal, es que es “sano” abrir el debate o la discusión sobre cualquier tópico, fuera el de la despenalización de las drogas; que las compras y contrataciones se hagan por emergencia aunque no lo sean o para ver si logran filtrar la idea de prorrogar el período presidencial, el mismo para el cual fue electo. El cinismo politiquero ha llegado a tal punto, que  para viabilizar la reelección o extender el período presidencial estén proponiendo simplemente derogar el artículo que lo prohíbe ¡y punto! Así de fácil. Descaradamente, usando las mismas artimañas útiles para otorgar concesiones, firmar contratos o promulgar normas claramente inconstitucionales. ¿Qué tal?

    ¿Cuál es el problema? Preguntan los politiqueros. ¿Que el artículo 281 de la Constitución indica que aquel que determina la prohibición de la reelección o la prolongación del período presidencial no puede reformarse? La solución es fácil, aseguran, –simplemente con volarnos el 281 se arregla todo–. ¡Aquí paz y después gloria! Nadie duda que la discusión, el debate o el diálogo sean la mejor vía para construir cualquier cosa no digamos la democracia de un país pero, ¿hacerlo pasándose por encima de los valores y principios que debieran orientar los destinos de una sociedad no es estar cavando nuestra propia tumba? No señores, llegó el momento entonces de sentar un precedente, emplazando penalmente a quienes estén infringiendo la ley. El Código Penal es claro y contundente, debe sancionarse a quien tienda a variar el régimen establecido en la Constitución de la República, así como a quienes realizaren actividades tendientes a la reelección o quien pretenda aumentar el término fijado para el ejercicio de la Presidencia.