El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, hizo un llamado a sostener el diálogo entre Gobierno y pobladores de La Puya, para evitar nuevos incidentes violentos contra quienes se oponen a la actividad de la empresa minera Derivada VII El Progreso, conocida como El Tambor.

En tanto, la tensión continúa en la región, afirman activistas.

El Magistrado de Conciencia solicitó a las autoridades de gobierno y a los líderes comunitarios de la Resistencia La Puya, a retomar el diálogo para evitar nuevos incidentes como el ocurrido el pasado viernes, en donde un contingente policial desalojó a pobladores de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, quienes permanecían obstaculizando el ingreso de la mina Derivada VII El Progreso.

De León Duque informó, además, que este lunes en horas de la madrugada, un fuerte dispositivo de seguridad que incluye 25 autopatrullas de la Policía Nacional Civil, custodiaron el ingreso de nueva maquinaria a la mina también conocida como El Tambor en San José del Golfo.

Asimismo, aclaró que la función del Procurador no es tomar partido por ninguna de las partes en conflicto y que lo único que interesa a la institución es verificar el cumplimiento de la ley y el resguardo de la vida de los guatemaltecos, especialmente la integridad de los menores de edad.

“Nada justifica que se ponga en riesgo la vida de niños, mujeres y hombres. El llamado es a que se agote el diálogo, a la seriedad y la responsabilidad de ambas partes… es un conflicto sumamente complicado”, expresó el Ombudsman.

Por su parte, Yolanda Oquelí, activista de La Puya, manifestó que ya fue entregada una carta al presidente Otto Pérez Molina para que este instale una nueva mesa de discusión, sin que hasta el momento hayan obtenido una respuesta por parte del mandatario.

Sin embargo, la entrevistada enfatizó en que los plantones y acciones legales continuarán en contra de la actividad minera en San Pedro Ayampuc y San José del Golfo; pues consideró que se tienen suficientes argumentos para denunciar que la extracción de minerales contamina el medio ambiente y afecta el tejido social.

“Queremos que se haga un nuevo estudio y las consultas previas. Es lo que estamos exigiendo. Esto no solo es para La Puya, estamos luchando por el mundo entero y el planeta. Estamos siempre en resistencia y nunca pensamos en acciones violentas”, declaró Oquelí.

Finalmente, al ser consultado el mandatario guatemalteco, señaló que los comunitarios han mantenido una posición muy radical en torno a las actividades extractivas y de generación de energía eléctrica en Guatemala, y que eso ha impedido en la mayoría de casos, la búsqueda de acuerdos.

En tanto, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, agregó que durante dos años de resistencia “pacifica” de La Puya no se ha logrado avances en el diálogo y más bien ha reinado la anarquía en esta región.