El gobierno del presidente Barack Obama se encuentra entre la espada y la pared por la presión generada por sectores del Congreso que buscan sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos y por los gobiernos de la región que creen que de hacerlo se aumentarían las tensiones en el país y tendrían un efecto contraproducente.

La comisión de Relaciones Exteriores del Senado se unió el martes a su homóloga en la Cámara de Representantes y aprobó un proyecto de ley que suspendería o cancelaría los visados de los presuntos violadores de derechos humanos venezolanos y confiscaría los bienes de funcionarios de alto nivel de ese gobierno, que estarían detrás de los abusos cometidos durante los últimos cuatro meses de protestas.

Aún no está claro si el proyecto de ley será sometido a votación en las plenarias del Senado y Cámara. El gobierno de Obama está tratando de frenar el impulso que ha logrado luego de que ambas comisiones lo aprobaran. Su administración ha argumentado que necesita un compás de espera para ver si las conversaciones entre el gobierno venezolano y la oposición rinden frutos.

En visita a México, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, llamó el miércoles al gobierno de Venezuela a honrar su compromiso de dialogar con la oposición para superar la crisis y confió que no sea necesario que Estados Unidos implemente alguna sanción contra la nación sudamericana.

La semana pasada la oposición suspendió los diálogos, que llevaba un mes y en donde se debatían la solución a los problemas del país, con el argumento de que el gobierno venezolano no está negociando de buena fe pues continúa reprimiendo las protestas, arrestando a los manifestantes, negándose a las demandas de liberar a los activistas opositores que se encuentran en la cárcel y a crear una comisión de la verdad independiente que investigue las 42 muertes ocurridas durante las protestas, de las que han sido víctimas, tanto efectivos del gobierno como opositores.

Pero tal vez la principal razón para la reticencia de la Administración Obama a empujar las sanciones sea el temor a una fuerte reacción regional aunque algunos analistas creen que se trata de un pulso de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre quién debe manejar la política exterior estadounidense.

Chris Sabatini, director de política en el Consejo de las Américas, dice que una eventual imposición de sanciones por parte de Estados Unidos significaría un regreso a las políticas de la Guerra Fría, como el embargo a Cuba que cumple medio siglo, y que los líderes latinoamericanos siempre ponen de ejemplo a Estados Unidos como una política errada.

«Al final lo que sucederá es que quedamos aislados», dijo Sabatini. «Algo distinto tiene que hacerse, pero que no puede ser realizado únicamente por Estados Unidos, actuando de manera unilateral».

Eric Olson, director asociado del programa latinoamericano del Wilson Center, y Jason Marczack, subdirector del programa latinoamericano Adrienne Arsht, del centro de estudios Atlantic Council, coincidieron en que las sanciones probablemente generarán una posición común entre los gobiernos latinoamericanos para salir en defensa de Venezuela.

«No será un tema con la misma importancia para la región que el embargo comercial a Cuba o la necesidad de una reforma migratoria en Estados Unidos, pero ningún país va a defender estas sanciones ahorita», indicó Marczak.

La presidente de Brasil, Dilma Rousseff, y la de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, aliadas del mandatario venezolano Nicolás Maduro, no han condenado al gobierno de Venezuela por la represión de las manifestaciones.

Maduro también ha arremetido contra la perspectiva de que se impongan sanciones al país. El martes, el mandatario convocó a los jefes de estado de América del Sur agrupados en la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, para presentar pruebas de lo que dice es un esfuerzo de Estados Unidos para trabajar con grupos políticos locales y, poco a poco, gestar un golpe de Estado.

Cancilleres de UNASUR moderan el diálogo que el gobierno de Nicolás Maduro inició en abril con la oposición que fue suspendido en días pasados.

Sus opositores en Venezuela también creen que cualquier intervención estadounidense podría ser contraproducente.

«En vez de debilitar a un gobierno autoritario lo fortalece porque termina dándole argumentos al gobierno para decir que detrás de la protesta social lo que hay es una conspiración promovida por Estados Unidos», dijo Marino Alvarado, jefe del grupo local de derechos humanos Provea.

Olson, del Wilson Center, explicó que el tema de sanciones siempre genera un debate entre el Ejecutivo, que busca manejar la política exterior estadounidense sin intervención del Congreso, y el Legislativo, cuyos miembros dicen que financian las actividades del Departamento de Estado y otras instancias de gobierno y, por tanto, «pueden opinar y hasta dirigir al Ejecutivo a aplicar sanciones».

«No importa si son demócratas o republicanos», dijo. «No tiene nada que ver. Es un tema de poder político».

Pero si el proyecto de ley es aprobado por las plenarias de Cámara y Senado, es posible que el presidente Barack Obama ceda a esa presión y le sea muy difícil abstenerse de sancionar la iniciativa de ley.

«Será muy difícil no firmar una ley cuando ambos partidos lo piden en ambas cámaras del Congreso», dijo el analista Marczak, «Hay mucha presión para hacer algo».

A diferencia del embargo dirigido a la economía cubana en general, el proyecto de ley busca sancionar a funcionarios venezolanos específicos. Pero a juicio de Marczak «no va a ser difícil para Maduro decirle al pueblo que son sanciones contra el país».

En público, los gobiernos de la región han guardado silencio sobre la posibilidad de que Estados Unidos sancione a los funcionarios venezolanos.

Mientras María Ángela Holguín, canciller colombiana, se preparaba para fungir de mediadora en el diálogo junto a sus colegas de Ecuador y Brasil, en Washington su embajador Luis Carlos Villegas dialogaba con empleados de la cámara baja estadounidense y explicaba porque las sanciones pueden resultar contraproducentes.

Los comentarios se hicieron en una conferencia telefónica en la que participó un empleado de la cámara baja que solicitó que su identidad se mantuviera en el anonimato porque no está autorizado a conversar con periodistas.

El diálogo ocurrió pocos días antes de que el gobierno y la oposición iniciaran su diálogo el 11 de abril en la capital venezolana que ahora está suspendido. La misión diplomática rehusó emitir comentarios sobre la conferencia telefónica ante una solicitud de AP.