Los programas sociales fueron constituidos en Guatemala por el Gobierno de Álvaro Colom con el objetivo de reducir la pobreza y la pobreza extrema, sin embargo, en poco tiempo fueron desvirtuando su naturaleza al convertirse en una política clientelar, generadora de votos, según analistas que terminó por perder de foco el origen de los mismos: Combatir la pobreza dando oportunidades a la gente.

Las políticas sociales, en el caso concreto de Guatemala, se han convertido en paliativos que no se han traducido en drásticos índices de reducción de la pobreza, la desnutrición o mejorar las condiciones de vida de su población, porque han sido utilizados como canales de clientelismo político, según analistas.

Actualmente los programas sociales se encuentran institucionalizados a través del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que fue creado con la intención de transparentar el uso y distribución de los bienes y servicios, sin embargo, siguen persistiendo las denuncias de instrumentalización de los mismos por parte de alcaldes, gobernadores o por quienes son intermediarios, como potenciales candidatos a un cargo público para las próximas elecciones, señalan conocedores en el tema.

LOS PROGRAMAS

En la actualidad existen varios programas sociales como la Bolsa Segura, el Bono Seguro y el Programa Nacional de Fertilizantes que mantienen la misma intención de contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria, a la disminución de los índices de pobreza y pobreza extrema y al desarrollo rural.

Según el Mides, la Bolsa Segura actualmente está siendo distribuida en los 17 municipios del departamento de Guatemala y zonas de riesgo del área metropolitana, para mitigar la pobreza urbana, contribuir a fortalecer y promover la seguridad alimentaria de las familias en pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad.

Este programa suma 210,604 beneficiarios en los 17 municipios de Guatemala, con una asignación presupuestaria para 2014 de Q121 millones.

Mientras que el programa de Mi Bono Seguro se entrega en los 22 departamentos y 308 municipios de los 338 que actualmente tiene el país, teniendo como objetivo  promover el acceso a los servicios de salud y educación de las familias en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, de acuerdo a lo establecido por las autoridades.

Asimismo, manifiestan que el referido programa busca contribuir al desarrollo del capital humano de las familias, apoyando la ruptura del círculo intergeneracional de la pobreza, además de promover el empoderamiento de las mujeres beneficiarias del mismo.

Mi Bono Seguro tiene una inversión de Q777 millones 329 mil 268, el cual atiende a 643 mil 510 familias que resultan beneficiadas.

Mientras que el Programa Nacional de Fertilizantes tiene cobertura en todos los municipios del país incluyendo los cuatro municipios creados en 2014 por el Congreso de la República y es parte del cumplimiento del Pacto Hambre Cero, para contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria, a la disminución de los índices de pobreza y pobreza extrema y al desarrollo rural. Esto a través del apoyo al Programa Cosecha Segura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

Según el Fondo Nacional de Desarrollo (Fonades),  la entrega de fertilizante se hace de forma directa a los beneficiaros con una fórmula adquirida para el municipio respectivo, dando la dotación de un saco de fertilizante equivalente a un quintal por beneficiario, con el único requisito del Documento Personal de Identificación (DPI) y un aporte de Q10.00 a través de un banco del sistema establecido.

El programa tiene un presupuesto de  Q320 millones para  2014, con el cual se pretende beneficiar a un millón 500 mil personas; aunque el número podría variar a un millón 741 mil 636 beneficiarios, según Fonades.

Fonades indica que el MAGA brinda asistencia al programa, por lo que los fertilizantes resultan siendo un  complemento de la asistencia técnica brindada a los beneficiarios.

A pesar de que se tienen datos de cómo funcionan los programas sociales, el objetivo de los mismos y su inversión, aún se carece de datos y estadísticas verificables respecto a los resultados de los mismos y el impacto que éstos tienen en los beneficiarios. 

UTILIZADOS PARA CLIENTELISMO POLÍTICO

Cristhians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac, indica que la figura de los programas sociales encajan dentro de la lógica de la política social, que debiera ser la inversión del Estado para el desarrollo humano de su población toda vez que el tema de la pobreza, la desnutrición, y el bajo nivel de ingreso, en una sociedad como la guatemalteca tienden a reducir la calidad de vida de una gran cantidad de ciudadanos.

Según Castillo “las políticas sociales se convierten en un paliativo de la problemática”, pero en el caso concreto de Guatemala, “el problema ha sido que los han utilizado como canales de clientelismo político”.

Además, recuerda que es el Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) el que introduce los programas sociales a Guatemala, y que los utiliza con el objetivo de tratar de beneficiar sobre todo a mujeres, llevándolas a un proceso de registro frente al Estado y utilizar esa fuerza social de las mujeres como capital electoral.

“A partir de eso se distorsiona la naturaleza de los programas sociales”, dice Castillo. Entonces lo que se observa es que el Partido Patriota (administración actual) lo que hizo fue aprovecharse de la aceptación social que estaban teniendo esos programas, los institucionaliza a través del Mides, pero los debilita presupuestalmente porque hay una clara diferencia entre el Gobierno actual y el anterior, argumenta.

“Mientras la UNE le apostaba con suficiente inversión de recurso a la política de orden social, el Patriota debilita esos programas. Obviamente las políticas sociales en el actual Gobierno han fracasado completamente porque los han reducido a su expresión mínima (y han mantenido) el clientelismo político”, señala Castillo.

Según el analista, la pobreza se ha incrementado precisamente porque cuando los programas sociales son utilizados con fines políticos, no están dirigidos a las áreas de mayor necesidad de la población y en otros casos los beneficiaros de este tipo de programas generan una dependencia que termina en una mal utilización de esas ayudas sociales.

“Lejos de atender y atacar las causas de la pobreza está generando una especie de acomodamiento de los beneficiarios que al final los hace más vulnerable a nivel económico y social”, añade el investigador.

PROGRAMAS ELECTOREROS Y PARA HACER NEGOCIOS

Renzo Rosal, director de Incidencia Política de la Universidad Rafael Landívar, dice que en Guatemala y a nivel centroamericano la agenda de políticas sociales tiene un carácter eminentemente de orden secundario que ha girado alrededor de asuntos de orden económico.

Por lo tanto es evidente que la estructura, el diseño y el juego de intereses de las políticas públicas hicieran que rápidamente los programas se convirtieran, “en programas de orden clientelar, manejados en buena medida con objetivos electoreros”. 

“Los programas sociales son un vehículo básicamente proselitista, electorero y evidentemente como una forma de seguir fortaleciendo la estrategia de hacer negocios”, señala Rosal.

A criterio del analista las políticas sociales no solamente son vehículo electorero y clientelar, sino también para poder beneficiar a muchos proveedores, del tipo de productos ya sea en fertilizantes, o en las canastas que llevan alimentos de primera necesidad entonces se han convertido también en un buen “negocio”.

Según Rosal lo que encontramos nuevamente es que los programas sociales siguen siendo artificiales, mecanismos de corte coyuntural que en ningún caso están pensando en modificar la estructura social y tampoco en resolver las profundas inequidades que este país sigue teniendo y sigue alimentando.

Además, refiere que no se está buscando hacer un cambio, “son programas de orden paliativo que fácilmente pueden caer en manos de instrumentalizadores de partidos, caudillos locales que buscan beneficiarse, para fines estrictamente de su agenda personal o de grupo”.

Rosal señala que en el caso del Programa de Fertilizante que se ha venido impulsando desde el Gobierno de Alfonso Portillo ha tenido básicamente el mismo objetivo, en cuyo caso  “es más perverso (el objetivo)” porque es básicamente beneficiar a los grandes importadores de fertilizantes, ni siquiera busca otro tipo de cambios, principalmente en lo que se refiere a economía rural y campesina.

DEBILIDAD INSTITUCIONAL

Jorge Santos del Centro Internacional para las Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) indica que lamentablemente la implementación de los programas de asistencia social han estado a la merced de las fortalezas y debilidades de los Estados, y en el caso guatemalteco la debilidad ha sido de orden institucional que han permitido que efectivamente estos programas, reviertan esas características lamentables que los sujetan al ámbito del clientelismo político.

Santos dice que los programas deben poner al sujeto político que se pretende beneficiar, como un actor central en la definición de los programas mismos, ya que sin esas condiciones básicas, que se entienda que los beneficiarios son sujetos políticos con plena garantía en sus calidades de ciudadanos y ciudadanos, que forman parte central del diseño e implementación y evaluación de los mismos.

“Estaremos asistiendo nuevamente a programas que revisten otro tipo de particularidades más vinculadas al clientelismo político que al ejercicio pleno de un Estado que pretende beneficiar a un grupo de población que históricamente han sido excluidos”, señalo.

Además. indica que los programas se han desvirtuado en cuanto a los fines en los cuales se habían creado. A su juicio hay que establecer una política social global que enmarque toda la política pública y dentro de ésta haya programas de asistencia social que estén claramente definidos y delimitados, así como los objetivos para los cuales fueron creado, señala Santos.

“Sin esas características básicas, se está actuando de manera poco racional en el sentido estratégico de lo que el Estado debe de hacer; no contribuye para los objetivos que inicialmente ha sido publicitado, y se acercan cada vez más a intenciones de protección de intereses espurios, entre los cuales esta lo electoral” manifestó el economista.