El juez Fernando Andreu, uno de los que investiga delitos de lesa humanidad en la Audiencia Nacional de España, arremetió hoy duramente contra el gobierno de Mariano Rajoy por la reforma que da carpetazo a la Justicia Universal.
«Usan la justicia como moneda de cambio de intereses económicos», acusó al Ejecutivo en el marco del congreso sobre Justicia Universal que su excompañero Baltasar Garzón ha organizado en Madrid con la participación de medio centenar de expertos de 15 países.
Andreu se refería así a las presiones y amenazas de China, ante la persecución por genocidio en Tíbet del expresidente Jiang Zemin, por las cuales el gobierno de Rajoy accedió reformar la Justicia Universal y la dejó prácticamente en papel mojado.
«Es desmoralizador y me produce desazón que se trate a la justicia como un producto comercial. Que se pueda decir: ‘Te quito esta querella si me tratas bien la deuda», dijo en un congreso convertido en un clamor contra la reforma que el Partido Popular (PP) de Rajoy impuso en el Parlamento con su mayoría absoluta y la oposición del resto de los grupos políticos.
Andreu, que entre otros casos investiga el genocidio en Ruanda, calificó de «chapuza» esa reforma. «Ha provocado que 43 narcotraficantes hayan sido liberados pero no ha logrado aún que se archive ninguna de las causas por las que se ideó», afirmó.
La nueva ley, que entró en vigor en marzo, obliga en teoría al archivo de la decena de causas por lesa humanidad que tiene abierta la Audiencia Nacional, al condicionar las investigaciones básicamente a los casos en los que tanto víctimas como presuntos criminales sean españoles.
Pero aún no se ha cerrado ninguna porque los jueces se han agarrado a las lagunas legales que dejó una ley redactada con prisas. Este martes, su compañero Santiago Pedraz se negaba a archivar la investigación sobre el genocidio maya en Guatemala.
Andreu fue el primer juez que apuntó la posible inconstitucionalidad de la reforma.
«El Tribunal Constitucional deberá decidir si esta reforma no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. En cualquier caso, el Parlamento aprueba las leyes, pero no pueden decir que una causa está sobreseída. Eso, mientras haya separación de poderes, lo hacen los tribunales», dijo hoy.