Según el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de 18 comunidades en los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán y en contra de actividades mineras, no se han cumplido a cabalidad por el Estado de Guatemala.