Ni la experiencia, la vocación o la proyección humana contaron al momento de elegir a los candidatos a Fiscal General en el proceso de postulación que finalizó a principios de este mes.

Sin embargo, el proceso sí sirvió para abrir un nuevo debate sobre las arbitrariedades y errores que se cometen en la elección de funcionarios públicos, y que representan una amenaza para el sistema de justicia.

La Comisión de Postulación integrada principalmente por decanos de facultades de Derecho, paradójicamente, no consideró los puntajes de los aspirantes a Fiscal General y jefe del Ministerio Público, pese a que en la academia las calificaciones son determinantes para aprobar o reprobar.

El ejemplo claro fue Claudia Paz y Paz, la segunda mejor punteada del grupo de aspirantes, que no fue tomada en cuenta para el cargo, y en cambio sí se consideró a otros candidatos que tenían calificaciones mucho menores.

No faltaron quienes consideraron que Paz y Paz perdió una gran oportunidad para continuar en el cargo por cuatro años más, pero por otro lado se abrió una oportunidad para que se discutan reformas con miras a reformar la Ley y evitar que se cometan nuevas arbitrariedades en el futuro.

“NADA NUEVO”

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro-Justicia, dijo que las actitudes de los comisionados fueron las mismas que se detectaron desde que entró en vigencia la Ley de Comisiones de Postulación –en 2009– y que permiten un “divorcio” entre la calificación de los aspirantes y la integración de las nóminas de candidatos.

Eso significa, simplemente, que no entran a las nóminas de candidatos los aspirantes mejor calificados y eso no tiene sentido.

La Directora de Pro-Justicia, no obstante, también señala  que resulta riesgoso que, a partir de que se cobre conciencia sobre este problema, se genere la tendencia de “amarrar” la nómina a las calificaciones, pues esto “desataría” nuevas dinámicas indeseables.

Por ejemplo, que los aspirantes a cargos públicos salgan en busca de puntos para ser los mejor calificados, incluso, se considera que se abrirían espacios al financiamiento de candidatos para que accedan a estudios de posgrados y reconocimientos, que les elevarían el perfil.

Ibarra analiza con preocupación que haya actores, especialmente del Ejército, que se están involucrando en los procesos de postulación, brindando cursos sobre Derecho en sus sedes.

La consultada dice que este factor es “grave” y añade que en las próximas elecciones el Estado podría estar interesado en un candidato en especial. De esa cuenta, no descarta que podría darse un acuerdo con comisionados para “inflar” los puntajes y así habría una trama para designar próximos cargos públicos.

Ante esa situación el Movimiento Pro-Justicia recomienda “buscar mejores prácticas vía la demanda ciudadana, un mejor monitoreo y eventuales cambios al modelo desde su raíz constitucional”.

DEMANDA INCONSTITUCIONAL

El pasado 7 de mayo, el abogado Alfonso Carrillo planteó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) una acción en contra del artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación, decreto número 19-2009, por considerar que  esta no cumple con desarrollar los mandatos de revisar que los candidatos a cargos públicos de elevada importancia tengan méritos de reconocida honorabilidad, ética y capacidad para alcanzar el perfil que se requiere.

La respuesta de la CC trascendió a la semana siguiente y se decidió dejar en suspenso parcialmente dicho artículo, el cual establece que las “Comisiones de Postulación elaborarán el perfil de los profesionales que deberán formar parte de los listados respectivos, y para tal efecto se deberán tomar en consideración los aspectos: éticos, académicos, profesionales, personales y humanos”.

Carrillo explica que de esa manera, los comisionados estarán obligados a cumplir con el artículo 113 de la Constitución, que estipula que únicamente atienda razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.

Cualquier preocupación por la decisión de la CC se disiparía, en tanto que la tabla de gradación ni siquiera es tomada en cuenta al momento de elegir candidatos pero, además, se considerarían aspectos que hasta ahora se dejan de lado.  “La tabla no hace que se cumpla el artículo 113. Por el contrario, lo desnaturaliza”.
 
El letrado añade que los postuladores deben respetar lo establecido en la Carta Magna, ya que en la actualidad estos se justifican de lo que manda la Ley de Comisiones de Postulación para no cumplir con lo descrito.

Las autoridades deben exigir que se cumpla con cabalidad con la Constitución y de no hacerlo, plantear sanciones penalmente, esto para lograr un verdadero cambio en el país.  “La situación no es un problema de libertinaje, sino ver que cumplan con lo descrito en la Constitución ya que es clara en su redacción”, detalló.

Respecto a la acción en la CC, Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala (EG) y una de la ponentes de la Ley de Comisiones de Postulación, interpuso un recurso de aclaración y ampliación ante la CC para que los magistrados expliquen a detalle el porqué fue suspendido provisionalmente un artículo de la Ley.

Montenegro expresó que es “incongruente” que después de cinco años de su aprobación, el máximo tribunal constitucional suspenda temporalmente el artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación.

La congresista recordó que en ese artículo se requirió más trabajo cuando se planteaba la normativa, debido que es una “pieza fundamental” y sin esta la Ley no tiene validez, fortaleza y se queda “desdentada”, como si fuera una pieza sin sentido de “existencia”.

La preocupación por la situación de la Ley es evidente porque se aproximan la elección de 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 90 de Salas de Apelaciones, además del representante del Contralor General de Cuentas y posiblemente este año el del titular del Instituto de la Defensa Pública Penal.

El pasado 12 de mayo se cerró la inscripción de planillas que van a participar el 28 de mayo la elección de representantes Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) ante la Comisión de Postulación, que elaborará la nómina de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones.

Luis Reyes, presidente del CANG, explicó que existen cinco planillas que solicitaron la inscripción y esperarán la reunión del tribunal electoral de ese colegio para determinar que los participantes de cada una de estas llenen los requisitos establecidos en la Ley, para que posteriormente sean notificados y oficializados como planilla.

REFORMAS LEY DE POSTULACIÓN

Antes del dictamen de la CC, ya varios sectores habían solicitado reformas a la Ley de Comisiones de Postulación debido que consideran que esta evidencia algunas debilidades. Sin embargo, estás aún se encuentran pendientes de ser conocidas ante el Pleno del Congreso y obtener su dictamen para luego seguir su curso.

Ibarra dice que las reformas a dicha normativa son necesarias debido que vendrán a fortalecer la elección de personas más aptas, capaces y de una impecable forma ética y profesional para los cargos. No obstante, considera que estas no son viables en este año debido que los ánimos se encuentran elevados.

Por ello, recomienda un debate sobre qué se quiere como país para elegir a las autoridades que deben ser independientes y autónomas, para luego tomar una decisión si se puede hacer por la propia ley o si habría un cambio de modelo constitucional.

Mientras que para el abogado Carrillo, las reformas están enfocadas a imponer más obligaciones académicas, que a respetar la Constitución, lo que permite tener más puntos por los méritos que otorgan los títulos, en beneficio de las universidades y que no se cumpla con el mandado de la Carta Magna.

Carrillo propone una reforma totalmente distinta, enfocada a la Ley, sin embargo, resalta que desde ya es necesario cumplir lo establecido en el artículo 113 y 207 de la Carta Magna, ya que los “actores”  se las han arreglado para no cumplir con esas disposiciones. 

Se intentó establecer comunicación con el magistrado José Arturo Sierra presidente de la CSJ para hablar sobre las reformas, pero no fue posible contactarlo.

Sin embargo, en declaraciones  días atrás dijo a La Hora que dicha normativa necesita una “reingeniería” en el tema de evaluación de candidatos y la votación final de los aspirantes que son incluidos en las nóminas.

“No tendría ningún objeto hacer evaluaciones, calificaciones, afinar punteos, someterlos a examen psicométricos si al final no se toman en cuenta”, puntualizó.