Cuando alguien está pensando en hacer una inversión debe analizar una diversidad de aspectos en el tema económico, del entorno social y político, así como el marco institucional que rige en el territorio a invertir. No digamos el análisis que debe realizarse respecto al dinamismo del mercado, a la competencia (local o extranjera), a los costos y aspectos financieros.

Ya en el tema de la estrategia per se y en los determinantes de la rentabilidad de las industrias, debemos analizar lo que Michael Porter llama las cinco fuerzas: rivalidad entre competidores, amenaza de nuevos entrantes, poder de negociación de los suplidores y compradores y  la amenaza de los productos sustitutos.

Dentro de ese análisis, se hace uno que además incluye las políticas del Gobierno y el rol que éste juega dentro de los negocios y por ello es que me hago la pregunta con la que titulo la presente columna y en la que deseo enfocarme, porque en Guatemala la rentabilidad de algunas empresas e industrias queda sujeta a las componendas que puedan hacer con el Gobierno de turno, lo que termina siendo un distorsionador y un contrasentido de la misma política estatal para atraer inversiones en base a la “seguridad jurídica”.

Cualquier empresario o emprendedor (sin importar si está en el país o es migrante en Estados Unidos), ladino o indígena, de la capital o el interior,  puede dar fe que en Guatemala ceñirse al tenor de las reglas es muy complicado a la hora de hacer negocios. Ni bien ha arrancado uno y ya se encuentra con que unos pagan sus impuestos como Dios manda mientras no pocos los evaden de diversas maneras sin que la SAT los descubra o peor aún, a lo mejor lo hacen por algún arreglo o componenda con el sistema paralelo del cobro de tributos que les permite mayor rentabilidad.

Luego, tenemos el tema de las licencias estatales y/o permisos municipales que en muchos casos, serán agilizados u otorgados si uno es parte del sistema paralelo que permite pagarle a los funcionarios (desde el más bajo al más alto, eso depende de la magnitud del negocio) para que estos se otorguen tal y como lo desea el cliente. Por eso es que usted ve que dos casos iguales, no siempre se van a resolver de la misma manera, ni en tiempos y ni en respuestas.

Además del tema de los impuestos, el Estado también puede incidir en su rentabilidad de dos maneras particulares: una, cuando usted se convierte en contratista del aparato estatal y se olvida de los márgenes normales del negocio o la industria y acuerda con el sistema paralelo ganancias exorbitantes por la prestación de un servicio o la venta de productos.

La segunda, cuando usted se asegura que una ley lo favorezca para obtener beneficios o que la ausencia de leyes claras le permita a usted y a sus competidores, asegurarse que en su industria nadie andará metiendo las narices sin importar que existan abusos o excesos.

Y todo ello pasa por financiar campañas, por el tráfico de influencias y ser usuario de los diversos sistemas paralelos del Estado que le permiten pagar impunemente las tajadas, mordidas o contribuciones necesarias.

Por eso yo me pregunto, ¿atractivo para quién somos si el que desee invertir su dinero en este país se enfrenta a un sinnúmero de largos y piratas que se aprovechan de un sistema hecho para que el más inescrupuloso saque ventaja?

Aun así vemos empresas y personas serias haciendo la lucha y a esas hay que apoyarlas. Así como  también hay que repudiar a las empresas y personas corruptas (públicas y privadas) que hacen de nuestro país un paraíso de la impunidad y donde, encima de todo, abundan los que defienden lo indefendible.