Un juez de la Audiencia Nacional española volvió hoy a rebelarse contra la limitación de la Justicia Universal impuesta por el partido de Mariano Rajoy en el Parlamento de España y rechazó archivar las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Guatemala.

El magistrado Santiago Pedraz seguirá investigando el genocidio maya denunciado por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y el asalto a la embajada de España que tuvo lugar en 1980.

«España tiene jurisdicción sobre los hechos porque son delitos de terrorismo», aseguró, agarrándose a un resquicio que deja la ley que entró en vigor en marzo tras un procedimiento parlamentario exprés.

La reforma ha reducido la persecución del genocidio y los crímenes de lesa humanidad a los casos en los que los responsables son españoles o extranjeros que viven en España o cuya extradición se ha denegado. Las víctimas tienen también que ser españolas y no pueden haberse nacionalizado tras sufrir los hechos a perseguir.

Solo en el caso de terrorismo y trata de seres humanos basta con que la víctima sea española para que los tribunales españoles puedan investigar.

La nueva ley obligaría en teoría al archivo de la decena de causas por lesa humanidad abiertas en la Audiencia Nacional, pero los jueces que las instruyen están agarrándose a resquicios legales para evitarlo.

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