Se inició ayer el período de la licenciada Thelma Aldana como nueva Fiscal General y no es exagerado decir que sobre sus hombros descansa la crucial lucha contra la impunidad en el país porque legalmente el Ministerio Público ejerce el monopolio de la acción penal y por lo tanto de las decisiones que impulse su despacho dependerá que el país pueda tener avances o retrocesos en la lucha por erradicar un vicio que traemos arrastrado desde nuestro origen como Estado.

En los últimos años pudimos ver que dentro de las limitaciones impuestas por la ausencia de una fuerte institucionalidad, se dieron algunos pasos significativos en la lucha por establecer un Estado de Derecho en el que, para empezar, se pueda soñar con la aplicación de la ley para sancionar a quienes cometen delitos. El avance no llegó a ser abrumador, pero sirvió para demostrar que cuando hay voluntad de hacer las cosas se pueden lograr condenas aún en medio de un sistema judicial diseñado para proteger a los sectores más influyentes de la sociedad y, por supuesto, para tapar los actos de corrupción.

La doctora Claudia Paz y Paz logró conformar un equipo con mística y dedicación que impulsó investigaciones que permitieron incrementar el número de condenas por distintos delitos. No pudo depurar el Ministerio Público porque la resistencia a integrar el inconstitucional Consejo que tiene poderes que limitan la función del Fiscal General evitó que se concretaran necesarios despidos y hay gente que se quedó cobrando sueldo sin trabajar, restando así recursos importantes a la lucha contra la impunidad.

En el Ministerio Público, como en todas las instituciones, hay gente comprometida con el servicio público que realmente quieren aportarle algo al país y muchos de ellos hasta corren riesgos de vida por el trabajo que realizan. Ello pese a que la institución fue diseñada de tal forma que fuera una especie de tapadera para asegurar que ciertos sectores pudieran actuar con absoluta impunidad sin el menor riesgo de tener que enfrentar consecuencias legales. Ello en función del conflicto armado interno que se vivía, pero en continuidad de una tradición que arranca desde los días mismos de la Colonia.

La voluntad política de quien dirija la institución es pieza clave y fundamental porque estimula a los subalternos. Una Fiscalía General dispuesta a librar la batalla contra la impunidad tendrá adeptos entre esos buenos fiscales y oficiales que investigan en el Ministerio Público, pero una Fiscalía General tradicional bajará la moral de esos servidores públicos y los hará acomodarse para mantener su trabajo, sin correr riesgos ni hacer nada que signifique sacudir la mata de la impunidad.

Lo más importante es, entonces, el tipo de liderazgo que a partir de hoy traslade a sus subalternos la licenciada Thelma Aldana, puesto que los fiscales distritales o quienes tienen a su cargo fiscalías especializadas responderán al mensaje que les llegue desde el despacho superior.

No olvidemos que la CICIG está en su etapa final y que el esfuerzo realizado, para bien o para mal, depende finalmente de si nuestras instituciones toman la responsabilidad de luchar contra la impunidad y si el tema se convierte, al final de cuentas, en fundamental para la sociedad guatemalteca.