El paro de transporte provocado debido a la negativa de los pilotos a trabajar dentro de los limitados horarios impuestos por la autoridad municipal obliga a un serio ejercicio de negociación para buscar los acuerdos satisfactorios que permitan superar la situación y, al mismo tiempo, preservar el interés general y el bien común. Por principio creemos que la Municipalidad de Guatemala tiene no sólo la facultad sino que la obligación y deber de regular adecuadamente el tránsito vehicular que ya es caótico en la ciudad capital y para el efecto deberá implementar medidas que, por supuesto, no serán siempre del agrado de todos.
Sin embargo, vale la pena que a la hora de tomar decisiones respecto a restricciones específicas como la que afecta al transporte pesado, se tome en cuenta al sector para buscar que no resulten con perjuicios de tal magnitud que obliguen a este tipo de confrontación. Dialogar no implica renunciar al ejercicio de la autoridad y es siempre una indicación de buen gobierno porque permite conocer la forma en que una medida determinada puede afectar negativa o positivamente a una parte de la población.
Repetimos que estamos muy claros de que hace falta una regulación eficiente del tránsito en la ciudad de Guatemala y que el transporte pesado debe operar de conformidad con normas que son generalmente aplicadas en casi todas las grandes urbes del mundo en las que se establecen horarios para que se puedan realizar operaciones de carga y descarga, además, que ese tipo de vehículos no afecten la normal movilización de los vecinos. Pero por supuesto que también tiene que tomarse en cuenta el impacto que en el plano económico tiene una medida que pudiera ser exagerada y que, como resultado de ello, haga incurrir en mayores costos al aparato productivo del país.
Buscar el justo medio es imperativo, y para ello nada mejor que dar paso a una inteligente y sensata negociación que permita a las autoridades aplicar con justicia y efectividad sus disposiciones y los afectados entender las razones para la restricción que se les aplica. Conciliar intereses es parte del buen gobierno y ello es lo que deberá hacer ahora la Municipalidad de Guatemala, partiendo del principio básico de que debe proteger el interés general del vecindario y que tiene la autoridad para hacerlo, pero evitando cualquier exceso que pudiera cometerse en el celo por mejorar la circulación de vehículos.
Lamentable vuelve a ser que este caso sea una muestra más de la dificultad que hay para que gobierno central y Municipalidad de Guatemala puedan actuar de común acuerdo en busca del bien común. La existencia de resquemores y rencillas entre los jefes de ambos gobiernos vuelve a ser factor negativo para la ciudad y dañino para sus habitantes.