En un país como el nuestro, donde la impunidad es parte del sistema de manera tan obvia y profunda que la comunidad internacional decidió apoyar el experimento de crear la primera Comisión contra la Impunidad patrocinada por las Naciones Unidas para combatir ese flagelo en Guatemala, creo que es importante hacer un balance desapasionado del trabajo que durante poco más de tres años hizo la doctora Claudia Paz y Paz al frente del Ministerio Público porque hay notables distorsiones que empañan el panorama e impiden ver lo trascendental.

Dos son las objeciones más visibles que se hacen a su gestión. La primera y más importante por la magnitud de la crítica tiene que ver con el proceso que se había iniciado antes de que ella llegara al Ministerio Publico respecto al caso de genocidio, lo que dio lugar a una polarización ideológica que nos hizo volver a los tiempos del más crudo macartismo cuando el mundo se dividió entre comunistas y anticomunistas. Terciar en ese debate objetivamente es imposible porque los niveles de apasionamiento son exagerados.
 
 La otra objeción es la falta de acción en temas de corrupción, especialmente con altos funcionarios del gobierno de Colom, quien la nombró Fiscal, y del actual que decidió no removerla inmediatamente como ha sido práctica. La Fiscal ha explicado que no dispone de expertos para manejar complicados y sofisticados casos y que se empezó a conformar esos equipos. En todo caso, lo cierto es que esa asignatura queda pendiente y, muy probablemente, así siga por los siglos de los siglos.
 
 Pero en el tema específico de la investigación y acción penal hay estadísticas y cifras que tienen que servir para ese balance objetivo que nos permite ver cómo es posible desmantelar bandas criminales dedicadas al sicariato, al robo a mano armada, a las extorsiones, secuestros, robo de vehículos o celulares, además de algunas dedicadas al narcotráfico, a las que mediante modernas técnicas de investigación y buen uso de sistemas de inteligencia que tienen que ver hasta con escuchas telefónicas, se ha logrado actuar con bastante eficiencia e inclusive armar casos tan sólidamente como para lograr altas condenas en contra de los criminales.
 
 Eso tiene enorme importancia en un país con tanta cultura de impunidad y donde los delincuentes han tenido la certeza de que ni siquiera los crímenes más macabros serían investigados para aplicar castigo. El Ministerio Público tiene una situación ahora que no se puede desperdiciar para volver al pasado de absoluta impunidad. Seguramente no habrá mayor avance en el tema de la corrupción porque es parte de lo que se pacta para llegar a ese puesto, y tampoco levantará olas el tema del genocidio que, para fortuna del General, dormirá el sueño de los justos hasta que por causas naturales tenga que ser cerrado el caso porque no hay magistrados que quieran conocer sobre el tema del indulto.
 
 Pero al menos que no se retroceda en delitos contra la vida, la seguridad de las personas y la protección de sus bienes. Que la experiencia adquirida y demostrada, que es lo más importante, nos permita exigir que se incremente el ritmo de eficiencia para  castigar, al menos, a esa clase de delincuentes. Los otros, los de cuello blanco, siempre salen en caballo también blanco.