Desde hace cuatro años la compañía tabacalera más grande del mundo, Philip Morris International, ha efectuado una demanda en contra de Uruguay. Dicha multinacional exige el pago de 2 mil millones de dólares al Estado uruguayo, derivado de la acusación de violación de los derechos de propiedad intelectual de la compañía, mediante las restricciones que genera el paquete de leyes que funcionan como medida de antitabaquismo en ese país.
Otros casos van en la misma línea de las restricciones, y esto se refleja en las prohibiciones que se les hace a la publicidad relacionada con la denominada “comida chatarra”. Esto se ha efectuado en Brasil, en donde las autoridades determinaron que todo tipo de propaganda de dicha comida dirigida a los niños y niñas debe restringirse, esto por tratarse de una amenaza para la salud de los futuros ciudadanos. No debe olvidarse que un caso similar se dio en Ecuador, en donde también se reglamenta la publicidad de la comida chatarra y otros productos considerados “nocivos para la salud”.
En Guatemala también se ha hecho una tímida reglamentación acerca de casos específicos -cuando se compara con lo que acontece en Uruguay-, como lo es la Ley de Creación de los Ambientes Libres de Tabaco, también conocida como el Decreto 74-2008. Acá se prohíbe fumar en espacios públicos, uniéndose a otros países que ya aplican estas normativas en materia de tabaco.
Así existen un sinfín de normativas alrededor del mundo, en donde se hacen distintas prohibiciones, razón por la cual algunos sectores califican de dictatoriales estas disposiciones. Sin embargo, no debe olvidarse que todo esto se hace con la finalidad de disminuir los riesgos de la población, en lo que a enfermedades relacionadas con el consumo de estos productos respecta.
No faltará quien opine que todo debe dejarse al libre albedrío de las masas, también seguramente estas personas acuñarán los argumentos de que los Gobiernos sólo intentan quebrantar la producción que generan estos sectores o tal vez que sólo se intenta perjudicar a quienes crean riqueza mediante la imposición de restricciones y en algunos casos la exigencia en el pago de gravámenes extras. No es de dudar que así sea, pero, también existe la contraparte de las posturas, puesto que, hay otros sectores que opinan que debe intervenirse en todo este tipo de casos, porque esto se trata de amenazas para la salud nacional, además de que los Estados deben absorber la totalidad de costos que generan estas actividades económicas.
En conclusión, es debatible todas estas disposiciones, en donde la principal pugna que existirá será el tema de quien cargará con los costos que ocasionan estas industrias, porque siempre se da la situación que se socializan los costos y se privatizan las ganancias, algo tan natural en los sistemas económicos actuales. Entonces, las propuestas que deben emerger en el país, tendrían que estar relacionadas con la cuantificación total de los costos que representa para el Gobierno, y específicamente para el sistema de salud nacional, la operación de estos sectores que ofrecen productos de carácter nocivo para la sociedad en general. Porque no se puede prohibir, pero si debe incluirse en el precio la totalidad de costos, contemplando todas las externalidades negativas y también positivas que surgen de estas actividades.