Carlos Aguilar, del Juzgado Segundo de Instancia Penal, informó que se apartará de conocer el caso Bancafé por enemistad grave con un fiscal de la Unidad contra Robo de Bancos del Ministerio Público. La Corte de Constitucionalidad (CC) había ordenado el cambio de judicatura.

Por una orden del máximo ente constitucional, el expediente del caso Bancafé sería remitido del Juzgado Décimo Penal al Juzgado Segundo también del Ramo  Penal; no obstante, Aguilar, a cargo de la última judicatura se aparará de la causa penal.

Aunque no ha recibido el expediente del proceso, Aguilar aseguró tener enemistad grave con el fiscal Saúl Sánchez, quien tiene a su cargo la investigación por la estafa a más de 3 mil personas por el cierre de Bancafé.

El juez afirma que la enemistad surgió luego de que en marzo del 2013, el investigador en representación del Ministerio Público, intentara allanar su casa, por supuestamente esconder a un prófugo del caso.

“Él, dentro de dicho proceso, de forma ilegal, juntamente con el Fiscal Rony López, de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, solicitaron el allanamiento de mi residencia, y derivado de ello yo tengo enemistad grave. En otro caso, donde un banco era querellante, yo me tuve que excusar porque esa fiscalía lo tramita”, sostuvo Aguilar.

El togado explicó que según el procedimiento legal, al ser notificado de su designación como contralor del caso, se excusará y remitirá el expediente a la Sala de la Corte de Apelaciones para que se decida el futuro judicial de la causa.

Se intentó conocer la versión de Sánchez y López, pero no fue posible establecer comunicación.

BUSCABAN SEPARARLO

En anteriores declaraciones Ángel Castro, representante de los afectados y querellante adhesivo en el proceso, manifestó que esperaban que el juez Carlos Aguilar se inhibiera de tramitar el proceso penal.

Esto porque, según Castro, Aguilar tiene relación de amistad con abogados y algunos de los implicados en el caso Bancafé. El juzgador negó ese extremo.
“El caso ya cumplió cinco años, y preferimos esperar seis meses más, a que se asigne otro juez,  a que conozca uno que tiene amistad con los sindicados”, enfatizó Castro.

ANTECEDENTES

Por una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), el Juzgado Décimo del Ramo Penal, a cargo de José Luis Patán, perdió jurisdicción para tramitar el caso.
 
El Ministerio Público busca que doce personas enfrenten juicio por los delitos de caso especial de estafa, intermediación financiera, lavado de dinero y otros activos. También acusan a exdirectores de los ilícitos de conspiración y obstrucción a la justicia.

Los cargos se levantaron por la supuesta estafa de Q1 mil 200 millones que afectó a 3 mil 336 cuentahabientes.