Claudia Paz y Paz dirigió durante tres años y cinco meses el Ministerio Público (MP), una institución que antes era socialmente percibida como ineficaz. Sin embargo, las cosas cambiaron.

La lucha contra la criminalidad tuvo logros, según manifestaron organizaciones de la sociedad civil y miembros de la comunidad internacional. Ahora que dejará el cargo, en una entrevista a La Hora, la funcionara recomienda a su sucesor no descuidar la lucha contra el crimen organizado.
 
La Hora: ¿Cómo encontró la entidad hace tres años y cinco meses?
Claudia Paz y Paz: Cuando asumí como Fiscal General, el Ministerio Público era una entidad en la cual no había metas comunes para todos los fiscales. Recordemos que hubo casi un año sin Fiscal General, sino solo con una Fiscal General interina. Era una institución en la cual había muy poca efectividad, sobre todo en algunas fiscalías, es decir que de  todos los casos que ingresaron prácticamente se resolvía una mínima parte. Era una institución que tampoco gozaba de la confianza ciudadana.
 
LH: ¿Cómo se quedará el Ministerio Público con su partida?
CPP: Lo primero que hicimos fue dejarle claro a los fiscales cuáles eran las metas y los objetivos de la institución, que la víctima juega un papel central y obtuvimos una respuesta muy positiva por parte de los funcionarios del Ministerio Público; prácticamente se duplicaron todas las respuestas. Si comparamos los tres años de mi gestión con los tres años anteriores, que fueron también mucho mejores respecto de los tres anteriores.
 Ha habido un progresivo aumento de efectividad en el Ministerio Público, en los últimos tres años y eso es lo que debemos proteger y exigir que respecto a eso no haya un retroceso.
 
LH: En números, ¿cuál es el balance que realiza de su gestión?
Si comparamos 85 mil 196 salidas alternas de procesos en el 2013, por 24 mil 306 es 280 por ciento más, pero si comparamos 85 mil 196 con 11 mil 937, el incremento es mucho mayor. Estos son criterios de oportunidad, suspensiones de la persecución penal, pero lo que es importante es que exista acuerdo reparador con la víctima.
 
Otro dato importantes es que de 40 mil 522 acusaciones que se presentaron entre 2008 y 2010, subimos a 49 mil 350 de 2011 al 2013. Pero bajamos en sobreseimientos y clausuras provisionales. Estos dos datos dicen: Yo llevé una persona a proceso y al final tuvimos que sobreseer porque no tenía suficiente evidencia. Entonces, se aumentaron las acusaciones y se disminuyeron sobreseimientos y clausuras provisionales.

LH: ¿Es decir que hay investigaciones más sólidas?
CPP: Sí, exactamente.

LH: ¿Cuáles fueron las medidas que tomó, que lograron esos alcances y que considera que son imprescindibles para ésta nueva gestión?
CPP: Creo que una de las medidas imprescindibles es que el Fiscal General cuente con información fiable de la forma en que están ocurriendo las cosas en las distintas fiscalías, sean de sección o distritales. El Sistema de Evaluación de Desempeño, que no fue instalado en mi gestión, sino en la gestión anterior, de Amílcar Velásquez Zarate, es fundamental para saber qué está ocurriendo, tanto en datos cualitativos cómo por llamadas telefónicas de cómo se está atendiendo a las víctimas.
Creo que otro aspecto importante es la Unidad de Métodos Especiales de Investigación, que necesita ser resguardada, y todo el personal que la conforma tiene que tener pruebas de confiabilidad, que se realicen periódicamente porque maneja la información más sensible de la institución, igual que la Dirección de Análisis.
También estos resultados se deben a que se crearon equipos especializados. Si vemos está diferencia tan grande (ve las estadísticas), es porque aquí hay un grupo de personas que se dedican a atender a la víctima, llamar al perpetrador, buscar formas conciliatorias, proponer acuerdos reparadores y luego tener criterios de oportunidad.

LH: ¿Es decir que existe un compromiso más fuerte entre los fiscales y los casos?
CPP: Sí, la política que desarrollamos en estos años, en el centro se puso a la víctima. Mucha de la evaluación de los fiscales, con el criterio de que se garantice el derecho de las víctimas adecuadamente. Y lo sabíamos por boletas que llenaban las víctimas, pero no en todo el país llenan las boletas, o por medio de llamadas.

LH: ¿Cómo le afectó no haber podido sustituir o separar personal de sus cargos por la falta de la integración del Consejo del Ministerio Público?
CPP: Fue muy grave para la institución. Un asunto que le podía tomar 15 minutos al Congreso para nombrar a los otros dos consejeros hizo que se retrasaran 300 procesos de amonestaciones y hasta destituciones. Eso significó al Estado el pago de salarios a personas que no hacían su trabajo. ¡Además somos fiscales! Es como tener malos médicos operando en un hospital. Un fiscal que no litiga bien, que no investiga bien, o que pierde sus pruebas no puede estar en esta institución.

LH: ¿Qué recomendación le da al Congreso de la República ante este cambio de administración?
CPP: Que es su gente. Que cumplan con la responsabilidad de integrar el Consejo del Ministerio Público.

LH: ¿Cuáles son las consecuencias de que no haya un compromiso para integrar el Consejo del MP?
CPP: Que en una institución que necesita que sus empleados y funcionarios actúen absolutamente con apego a la ley, se le está eliminando de hecho, y no derecho el régimen disciplinario.

LH: La falta de resultados en casos de corrupción fue una de las mayores críticas a su gestión, porque no se puede decir que tres alcaldes procesados son los grandes capos de la corrupción. ¿Qué falló?
CPP: Yo creo que no se puede hablar de un fallo sino son procesos. Y no son solo tres alcaldes, hay también tres exministros de Gobernación, también una diputada procesada y funcionarios policiales, fiscales, y de la SAT (Superintendencia de Administración Tributaria) que están procesados por corrupción. Solo que no lo vemos tal vez como esto, pero cada vez que detenemos una estructura criminal y detenemos a los funcionarios que garantizaban su impunidad, también es una forma de corrupción.
Creo  que hay que profundizar este trabajo. La propuesta era crear equipos multidisciplinarios que ayudaran a ver y entender la complejidad de los delitos vinculados a la corrupción y esperar que empiece a funcionar la Unidad de Análisis Financiero que se creó en estos años.
Recordemos que partimos de auditorías que requieren su tiempo. En 2013 se procesaron 17 alcaldes en la Fiscalía contra Corrupción, y se dictaron 116 condenas por corrupción.
Una recomendación muy importante es que revise el trámite del antejuicio porque muchos funcionarios que podríamos procesar tienen antejuicio y eso hace que las investigaciones sean más lentas y además anunciadas.
Por ejemplo, como primero se solicita que se levante el antejuicio, como la persona ya tiene la orden de captura, hace mucho tiempo que sabe que está siendo investigado.

LH: Usted ha mencionado que en casos de corrupción las investigaciones llevan mucho tiempo. ¿Es por carencia de personal, recursos, falta de voluntad o por trabas que ponen los mismos poderes fácticos?
CPP: Es un problema del tipo de investigaciones que se realizan, que requieren auditorías.

LH: ¿Únicamente por las auditorías?
CPP: Sobre todo por las auditorías. Además, nosotros recibimos denuncias, que vienen de distintas entidades y actuamos, a veces de oficio, como en el caso del alcalde Arnoldo Medrano y otras veces luego de recibir informes de auditorías de la Contraloría General de Cuentas, por hechos auditados en el período anterior.

LH: ¿Qué papel juegan en estos casos los grupos poderosos?
CPP: En este como en otros delitos, quienes podrían ser señalados de corrupción buscan obstaculizar la investigación.

LH: ¿De qué manera se vio afectada la Fiscalía?
CPP: Por ejemplo, con resoluciones adversas. En el caso del exfiscal Carlos de León, primero no lo procesan, apelamos y la Sala de Apelaciones nos da la razón. Cuando vamos a ligarlo a proceso, un juez que no tenía jurisdicción sobre el caso le da un amparo provisional y evita que continúe la persecución penal.
El caso de Gloria Torres es otro caso en el cual muchas decisiones judiciales  han sido contrarias a la persecución penal. Hemos apelado, las Salas nos ha dado la razón y luego la defensa ha presentado amparo que frenan los casos. Otro caso emblemático es uno que publicó Prensa Libre sobre el caso de unos magistrados de Salas de Apelaciones, donde ya la CSJ ordenó que se les investigara y un amparo frenó todo el proceso.

LH: La CICIG también anunció investigaciones de contrabando aduanera y de financiamiento ilícito a favor de los partidos políticos. ¿El Ministerio Público por su parte investigó este tipo de casos?
CPP: El contrabando lo investigamos y desarticulamos una banda muy importante donde liderada por un contrabandista muy famoso llamado Masis Masis, a quien también acaban de dejar en libertad. Esta banda también estaba integrada por funcionarios judiciales, que cobraban para permitir el tránsito de contrabando y contra funcionarios de la SAT de Melchor de Mencos (en Petén), que permitían el ingreso de mercadería. Este caso es muy importante ya que se fue contra todos los miembros de  la estructura criminal.
Incluso los querellantes trabajaron muy de cerca para darnos información sobre este  caso. Sobre financiamiento de los partidos políticos hemos trabajados en distintas municipalizados, como la de (Arnoldo) Medrano para entender cómo se transfería el dinero entre municipalidades, para muy presumiblemente utilizarlo en campañas políticas.

LH: Se habla de ineficacia en el Ministerio Público, pero también parece que usted habla de corrupción judicial. ¿El MP trato de investigar las resoluciones judiciales adversas, y cuánto logró?
CPP: Ellos también tienen antejuicio, y también debe revisarse El caso de la Sala de Zacapa, porque la Corte Suprema de Justicia determinó que había motivos para ser investigados. Los jueces también tienen antejuicio, pero por otro lado también tiene recursos que obstaculizan su investigación. Por el caso de Escuintla logramos levantarle el antejuicio al juez Mario Peralta, pero duramos años y no meses.

LH: El caso de la deuda flotante se encuentra estancado en la Fiscalía contra la Corrupción, no se conoció que se investigaran señalamientos contra el Ministerio de Comunicaciones, ni sobre la concesión de la Portuaria Quetzal; tampoco acerca de los diversos señalamientos del exvicepresidente Rafael Espada acerca del financiamiento de farmacéuticas a partidos políticos. ¿Qué dice de esto? ¿Por qué estos casos no llegan a los tribunales?
CPP: El caso de la deuda pública está en investigación. Incluso una buena parte de la unidad de análisis financiero están examinándolo. El caso la Portuaria continúa en investigación, y del caso de las farmacéuticas se trata de una denuncia reciente.

LH: ¿Cuál es su análisis de la situación de la impunidad en el sector justicia, no solo en el Ministerio Público sino en todo el sector justicia?
CPP: Creo que los últimos años se han hecho avances muy importantes para vencer la impunidad. Ha habido fiscales, investigadores y jueces valientes para lograrlos, y para eso ha sido importante la presencia de la CICIG y en este momento es crucial que no existan retrocesos.

LH: ¿Y en ese contexto cómo ve el desarrollo del sistema de justicia en los próximos años?
CPP: Para que el sistema de justicia continúe avanzando es fundamental que existan jueces independientes. Que la justicia actúe con independencia de cualquier otro poder, que se persiga no importa quién sea, basándose únicamente en la comisión de un hecho delictivo.

LH: ¿Considera que su salida del MP puede poner en peligro la permanencia de jueces y fiscales independientes?
CPP: Eso es algo que no nos podemos permitir como sociedad. Todos los fiscales que trabajan acá en el MP son fiscales de carrera. Los jefes tienen al menos 15 años de trabajar en la Fiscalía, con experiencia probada en enfrentar el crimen organizado. Creo que la independencia del MP se garantiza respetando la carrera. Si queremos que la justicia continúe fortaleciéndose, estos fiscales deberían recibir todo el respaldo del Fiscal General.

LH: ¿Teme que de alguna forma se pierda lo que se avanzó en el Ministerio Público en estos últimos años?
CPP: Espero que no.

LH: ¿Cree que el debate en el sector justicia se debe centrar en los temas de corrupción, criminalidad, secuestro del sistema de justicia, o temas ideológicos?
CPP: Creo que hay cuatro temas que la prioridad no se puede abandonar. La corrupción, el crimen organizado, los delitos contra la vida, que es un trabajo sostenido, donde se ha bajado la tasa de homicidio, y la violencia contra las mujeres.

LH: Ya ha manifestado que no tiene interés un cargo público, pero ¿Qué pasaría, que haría si el MP empieza a retroceder?
CPP: Yo creo que la pregunta sería que pasaría si como ciudadanos y ciudadanas, que es la calidad que asumo al finalizar este proceso, qué deberíamos hacer.

LH: ¿Cómo ciudadana qué haría usted?
CPP: Como ciudadana y académica sería exigir el cumplimiento de Estado de Derecho y el no retroceso de la justicia.

LH: ¿Cuál de todas las áreas le recomienda al próximo Fiscal General que no debe descuidar ni un segundo?
CPP: Creo que la lucha contra el crimen organizado en todas sus modalidades y en todas sus manifestaciones. Porque la Fiscalía contra el Crimen Organizado tiene todas estos casos pero también la Fiscalía de Lavado de dinero y narcotráfico.