Las diferentes crisis que países alrededor del mundo tienen, hacen accionar mecanismos preestablecidos para alcanzar soluciones en el marco de la legalidad y la justicia. Estos mecanismos, creados hace varios siglos, pero ordenados y regulados con más lógica a partir de la Segunda Guerra Mundial, son los que permiten, en cierta proporción, evitar guerras o masivas violaciones a los derechos humanos, y son facilitados por el derecho internacional como normativa soberana de cada Estado.
La historia permite identificar que este tipo de acuerdos y el hecho de vulnerarlos ha sido común por parte de la humanidad, teniendo como graves consecuencias la vulneración de territorios y la intervención inclusive armada de otros países, queriendo hacerla de garantes de un entorno mundial seguro. Este peso, regularmente cae sobre aquellos que política, económica y militarmente son poderosos, lo que a su vez les da cierto “derecho” de intervención. En los últimos sesenta años, la coordinación de estos esfuerzos se lleva a cabo mediante el Sistema de Naciones Unidas, aunque desde su concepción se le impusieron ciertas limitaciones a su funcionamiento, lo que cada vez más permite visualizar que dicho ciclo está empezando a llegar a su fin.
Los enfrentamientos políticos, y gracias a Dios no militares, o al menos aun no, entre dos potencias mundiales como Estados Unidos y Rusia en el marco de lo acontecido en Ucrania revelan en gran sentido los riesgos inminentes que existen en la región, y que afecta en su entorno al derecho internacional. La disputa por el territorio de Crimea es apenas lo que se puede ver de lejos, pero conlleva otros elementos como el chantaje económico a los países de la Unión Europea para el suministro de gas natural, o bien el reclamo político hacia Estados Unidos por Rusia, indicando que no tienen justificación en reclamar sobre actos que ellos mismos han cometido en esa región y otras, con diferentes países y por diferentes razones. Lo relevante en este problema es que las soluciones amistosas, pacíficas e inclusive jurídicas que el derecho internacional pone a disposición de los países, no encuentran eco y están sonoramente fracasando. Ni el sistema internacional de la ONU o la participación de países amigos ha logrado que los problemas alcancen un acuerdo y por el contrario, pareciera que la situación en Ucrania se está volviendo más complicada, especialmente ante los distintos movimientos internos facilitados por Rusia para desestabilizar al débil gobierno Ucraniano, queriendo anexar más territorios, en franca violación a normas de derecho internacional referentes a la soberanía de los Estados, y desafiando los acuerdos políticos entre las grandes potencias.
Pero si las soluciones pacíficas, amistosas o jurídicas no son suficientes, el derecho internacional también permite las denominadas soluciones armadas, como último recurso que evite graves consecuencias, pero solamente cuando estén autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, controlado por quienes hoy compiten por el control político de esa área. La ONU entonces, se ha quedado sin herramientas suficientes para este caso, lo que obliga a repensar si la forma de concepción es aun válida luego de casi 70 años de funcionamiento.
Leer en la web, en los medios escritos o ver por la televisión lo que acontece tan lejos de nuestras fronteras a veces no permite identificar los riesgos que se tienen alrededor del mundo por estas circunstancias. Hoy es Ucrania, por razones económicas y geopolíticas. Mañana podría ser Guatemala u otro Estado con potencial o interés de quienes dominan el entorno internacional. Por ello se requiere que los Estados se adapten al sistema o lo cambien, para garantizar no sólo sus derechos, sino también los de sus habitantes.