Pareciera que Guatemala está condenada a ser un país de conflictos, y ahora hasta dos empresas extranjeras la han convertido en un entorno en el que se confrontan sus intereses, que no me importaría si no fuera porque se perjudicará a los grupos sociales más débiles y el propio Estado.

El caso ya lo abordé anteriormente, cuando decenas de trabajadores chinos fueron reprimidos por una de las compañías que se aliaron para construir una planta generadora de 300 megavatios de energía eléctrica, utilizando carbón mineral, en Masagua, de los cuales 200 megavatios se destinarían a satisfacer la demanda subsidiada a miles de hogares pobres, requerido por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

  Son las firmas Jaguar Energy Guatemala LLC (JEG), a la cual las empresas distribuidoras Deocsa y Deorsa le adjudicaron el contrato de construcción de la planta, y China Machine New Energy Corporation (CMNC), contratada por JEG para edificarla. Esas compañías celebraron un contrato adicional de garantía de pagos diferidos, por medio del cual CMNC aportaba US $ 200 millones para construir la planta.

  Según una de las versiones, la JEG no cumplió con pagar el financiamiento y la CMNC reclamó la garantía, que eran bienes que constituían la planta; pero la primera rechazó el reclamo y desconoció sus obligaciones contractuales, acudiendo a una corte internacional de arbitraje, que no ha dictaminado.

  El primer efecto inmediato del conflicto es el retraso del inicio de operaciones de la planta Jaguar. Luego, también ha retrasado la reducción del costo anual del subsidio de energía eléctrica, actualmente equivalente a Q1,400 millones, que desde de septiembre de 2013 debería haberse reducido sensiblemente.

  Supuestamente la JEG ya no estaría dispuesta a cumplir con el contrato original celebrado con las empresas distribuidoras, sino que pagaría la multa por incumplimiento, y vendería los 300 megavatios en el mercado eléctrico, con una nueva planta, construida por otra empresa, lo que presume la venta a mayor precio de los 200 megavatios destinados a satisfacer la demanda de las familias pobres, que posibilitaría recuperar los recursos empleados para pagar la multa y aumentaría la rentabilidad de la planta; pero, en todo caso, ya no se dispondría en el plazo inmediato de energía más barata destinada a los hogares pobres, y de ahí que es el Estado debe intervenir para obligar a las dos empresas a cumplir los contratos y finalizar pronto la construcción de la planta.

  A propósito, la semana pasada una publicación atribuyó al Senado de Estados Unidos haber investigado que la compañía Enron habría sobornado con US$ 17 millones a cinco empresarios cercanos al gobierno de Serrano Elías, para que le adjudicara un contrato de generación de 110 megavatios de energía eléctrica por medio de dos barcazas instaladas en Puerto Quetzal. Cuando Enron quebró, esas barcazas presuntamente las adquirió la firma Ashmore Energy International, a la cual pertenecería Jaguar Energy Guatemala.

  (El pacifista Romualdo Tihudo sugiere al Presidente que intervenga antes que este conflicto derive en un escándalo mayúsculo).