La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja aprobó hoy un proyecto de ley que busca sancionar a funcionarios del gobierno de Venezuela que sean responsables de violar derechos humanos durante las protestas que desde febrero han dejado 42 muertes en el país sudamericano.
El proyecto de ley le pide al presidente Barack Obama negar visas y congelar activos en Estados Unidos de funcionarios venezolanos responsables de violar derechos humanos y que hayan censurado a personas o medios de comunicación que informan sobre las protestas que iniciaron el 12 de febrero pasado.
La iniciativa de ley aún tiene mucho camino por recorrer. La iniciativa irá ahora al pleno de la Cámara para que la voten sus 435 miembros. Si es aprobada, el proyecto tendrá que ser debatido en la comisión respectiva y en la plenaria del Senado. Para que sea ley, el proyecto deberá ser sancionado por el presidente Obama.
El gobierno estadounidense ha preferido esperar los resultados de un diálogo iniciado hace un mes por el gobierno venezolano y los opositores sobre los problemas que aquejan a Venezuela y el conflicto político que atraviesa el país.
Durante una audiencia celebrada por la comisión equivalente del Senado, el gobierno estadounidense dijo que no es partidario de aplicar sanciones porque así se lo ha pedido un sector de la oposición venezolana.
Un vocero de la coalición opositora, que negocia hace un mes con el gobierno de Nicolás Maduro, negó ayer que alguno de sus miembros haya pedido a Estados Unidos exonerar a violadores de derechos humanos.
La autora del proyecto de ley de la Cámara Baja, la republicana Ileana Ros-Lehtinen, argumentó antes de la votación que las sanciones son oportunas para detener las presuntas violaciones a los derechos humanos.
«Algunos dice que deberíamos esperar. ¿Cuándo es un buen momento? Nunca habrá un buen momento», agregó la representante por Florida. «La violencia solo está del lado del gobierno, no de los estudiantes».
Las únicas intervenciones opuestas a la aprobación del proyecto provinieron de los demócratas Gregory Meeks, de Nueva York, y Karen Bass, de California.
Detenidos serán llevados a tribunales
Las autoridades esperan presentar hoy en tribunales a los dos centenares de jóvenes que fueron detenidos durante el desmantelamiento de cuatro campamentos opositores, lo que desató protestas callejeras en Caracas que dejaron un policía muerto.
Los detenidos permanecen recluidos desde la víspera en una instalación de la Guardia Nacional luego de ser arrestados durante el levantamiento de los campamentos, indicó a The Associated Press Nely Areas, una de los abogados de los detenidos.
Varios centenares de militares y policías nacionales arrestaron la víspera a 243 jóvenes que pernoctaban en cuatro campamentos en el este de la ciudad, pero ya fueron liberadas 16 personas de las cuales 12 son adolescentes y cuatro padecen discapacidad auditiva, informó la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, en su cuenta de Twitter.
Areas dijo que hasta el momento desconocen los cargos por los que podrían ser imputados los jóvenes pero sostuvo que teme que «muchas personas» queden detenidas.