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Carlos Arnoldo Lobo, de 40 años, fue trasladado ayer desde el primer batallón de Infantería de Tegucigalpa, donde se encontraba detenido rodeado de fuertes medidas de seguridad, hasta la base militar de Palmerola, 80 kilómetros al norte de la capital de Honduras, desde donde partió a Miami, ciudad en la que será juzgado.

Lobo se encontraba bajo arresto desde el 27 de marzo cuando las fuerzas de seguridad lo sorprendieron en una panadería de San Pedro Sula, en la costa caribeña de Honduras.

El 21 de abril un juzgado de primera instancia lo declaró extraditable y la Corte Suprema ratificó la extradición el 3 de mayo.

«Ha sido un proceso enmarcado en las garantías que otorgan la constitución y las leyes», expresó el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

Agregó que «la decisión tomada indica un antes y un después de esta extradición, esto es parte de la reinserción de nuestro país en el mundo».

La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, felicitó en un comunicado «la determinación del Estado de Honduras al tomar este paso histórico para extraditar a uno de sus ciudadanos, lo que da un golpe a la impunidad, el crimen organizado y el tráfico de narcóticos».

La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero de Estados Unidos (OFAC por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro, había señalado a Lobo como narcotraficante y había anunciado que congelaría cualquier activo que Lobo poseyera en territorio estadounidense y que le prohibiría realizar transacciones financieras o comerciales con instituciones estadounidenses.

OFAC acusa a Lobo de haber traficado cocaína para Joaquín «el Chapo» Guzmán, líder del cartel mexicano de Sinaloa, y para el cartel hondureño Los Cachiros.

Lobo, que operaba empresas de pesca situadas en la isla de Roatán, en el Mar Caribe, fue perseguido durante años.

En octubre de 2011 la Fiscalía Especial para la Confiscación de Activos del Ministerio Público de Honduras le había incautado aproximadamente 500 millones de lempiras, equivalentes a unos 26 millones de dólares.

La extradición a Estados Unidos de personas fue aprobada en enero de 2012 por el Congreso de Honduras para casos de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo. Dos ciudadanos guatemaltecos, Mario Ponce y Juan José Véliz, han sido extraditados desde entonces. Pero no se había podido cumplir ninguna extradición de un ciudadano hondureño por problemas de competencias y procedimientos entre diferentes tribunales hondureños.