Guatemala vivió en los últimos meses una experiencia que vale la pena aquilatar, puesto que a partir de la decisión de la Corte de Constitucionalidad sobre el período de la Fiscal General, Claudia Paz y Paz, pudo notarse la conformación de una impresionante alianza de los más variados sectores para preservar el estatus histórico de nuestro sistema de justicia. Es indiscutible que la presencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el papel del Ministerio Público en estos últimos tres años y medio, provocaron alarma en sectores que prefieren preservar un sistema que ha funcionado en su beneficio prácticamente desde el origen mismo de nuestro Estado.

No cabe la menor duda que somos un país conservador y que los aires de reforma no van con nuestro colectivo social que se siente relativamente cómodo con la forma en que funcionan las cosas. Lo mismo vale para los más influyentes y poderosos sectores sociales que para los capitales emergentes, los políticos y la inmensa mayoría de la gente que ve cómo funcionan las cosas, especialmente en el ámbito de la corrupción, pero continúa su vida sin inmutarse ni mucho menos indignarse ante el persistente saqueo que hay de la cosa pública ni por la forma en que se ha extendido la impunidad al punto de tener un impacto directo en el tema de la inseguridad ciudadana.
 
 Los primeros que sintieron pasos de animal grande con la evidencia de que existen métodos de investigación que pueden ayudar a la administración pronta y cumplida de la justicia fueron los grupos paralelos que mantienen sus tentáculos en el aparato estatal para amasar fortunas y traficar influencias. El juicio a Ríos Montt vino a romper con un principio elemental de la inmunidad sistémica en el país que implica el carácter intocable de algunos sectores, elemento que ha servido de paraguas protector para muchas actividades criminales que se refugian en ese tipo de escudo para operar con absoluta tranquilidad.
 
 La lucha contra el proceso no podía provenir únicamente de los sectores militares porque ello podría generar una división inconveniente y por ello se advirtió que una vez condenado Ríos Montt vendrían tras los empresarios a los que señalarían como parte interesada en el conflicto armado y en la aniquilación del movimiento subversivo. Por ello es que hoy vemos una granítica unidad entre los sectores que quieren preservar las condiciones de impunidad y no se hace distingo de quiénes son los aliados y con quiénes se está cerrando filas. Lo importante es, fundamentalmente, evitar que se establezca un sistema de rendición de cuentas que al final no conviene a nadie porque ha resultado muy cómodo vivir en medio de ese criterio selectivo en cuanto a la forma de administrar justicia.
 
 Algunos ven peligrosa la estrategia porque el incremento de la impunidad y la ineficiencia de la investigación penal se traduce en mayor riesgo de inseguridad para los ciudadanos, pero los sectores dominantes han sabido vivir con ese mal durante siglos y por lo tanto no perciben complicaciones adicionales.
 
 El triunfo de los sectores más conservadores es indiscutible, por más que nos preguntemos si es un triunfo pírrico ese de preservar la impunidad como puntal del sistema. El caso es que el esfuerzo de reforma recibió un portazo en la cara.