Representantes del Consejo del Pueblo Maya acompañados del obispo Álvaro Ramazinni y el alcalde municipal de San Mateo Ixtatán, manifestaron su postura sobre la conflictividad que se vive actualmente en el departamento de Huehuetenango, a causa de la construcción de una hidroeléctrica en uno de sus municipios.
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Según los representantes indígenas, la conflictividad generada en Huehuetenango “es responsabilidad exclusivamente del gobierno” debido a que no ha cumplido con su deber de consultar previamente de las medidas legislativas y administrativas en ese territorio.
Asimismo consideran que las declaraciones de la vicepresidenta en relación a que si las comunidades indígenas quieren luz, necesariamente deben apoyar a las hidroeléctricas, son irresponsables y de mala fe.
“La política energética impuesta por el gobierno está dirigida a favorecer a las empresas nacionales y extranjeras”, indicaron.
Asimismo señalan que el deber constitucional del gobierno es proteger los derechos de los pueblos indígenas.
“La no aplicación práctica del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, es una de las causas de la conflictividad agudizada en nuestro país” manifestaron.
En la conferencia de prensa participaron los representantes del Consejo de Pueblo Maya, el alcalde municipal de San Mateo Ixtatan Donato Santizo, el obispo de la diócesis de Huehuetenango, Monseñor Álvaro Álvaro Leonel Ramazzini y el párroco de San Mateo Ixtatan Matxun Bernabé.