Entre el 14 de enero de 2012 y abril de 2014 –la gestión del gobierno del Partido Patriota– el portal Guatecompras reportó mil 310 procesos de compra adjudicados con la modalidad de excepción no restringida

un sistema de adquisición pública que cada día es más común en diferentes instituciones del Estado, pese a que debería ser utilizado solo en casos excepcionales, como lo indica su nombre. Ahora, funcionarios, analistas y fiscalizadores de la sociedad civil consideran necesarias reformas en la Ley para evitar abusos en las compras estatales y evitar más actos de corrupción.

Según lo estipulado en la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, existen formas de compra alternativas a los tradicionales concursos de licitación que emplean menos tiempo; entre estas se encuentran los procedimientos por “excepción”, “cotización pública” y “contrato abierto”, que solo deberían aplicar a ocasiones especiales.

En la mayoría de casos, los responsables de las instituciones aducen que las adquisiciones son de carácter “urgente”, y por ende no pueden esperar el tiempo que se requiere para que una licitación sea aprobada y adjudicada, por lo que recurren a las compras por excepción.

Sin embargo, ésta cuestionada  modalidad de compra deja de lado las principales garantías de transparencia y supone un verdadero dolor de cabeza para los entes fiscalizadores, quienes ahora piden nuevas reglas a través de una reforma legislativa que ponga sobre la mesa los temas más delicados en cuanto a contratos estatales.

Los contratos de obra pública -infraestructura-, las compras de medicamentos, el material médico-quirúrgico y el sitio web de Guatecompras son los aspectos más preocupantes para los entes fiscalizadores y por eso próximamente podrían darse propuestas para cambios importantes.

ACUERDOS EXTRAOFICIALES

A criterio de la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG), las compras por excepción se realizan a través de un mecanismo rápido y ágil, pero que deja fuera la oportunidad de realizar una fiscalización previa a la adquisición.

Además, destaca que el problema principal es que muchas veces existen pactos anticipados entre el contratista y el comprador para aprovecharse económicamente de los procesos, en detrimento del erario nacional.

Por otro lado, Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), indica que las compras por excepción se dan porque las otras modalidades requieren de más tiempo para concretar una adquisición, pero lamenta que “la agilidad termine abriendo espacios para eludir los controles de transparencia”.

Barrientos explica que las compras por excepción son recurrentes hasta el punto del “abuso”, pero esto se podría evitar con reformas profundas en  la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y el fortalecimiento de las capacidades de la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) para fiscalizar adecuadamente las compras del Estado y sancionar conforme a lo estipulado en la Ley.

A la fecha la Ley de Compras y Contrataciones del Estado ha sufrido 23 modificaciones y en del Congreso se encuentran más de 24 iniciativas pendientes de conocerse dentro del Pleno que tienen una orientación similar. Lo único que hace falta es voluntad.

CGCN FISCALIZA

La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas de la Nación indica que después de las compras realizadas por las entidades del Estado se inicia la fiscalización y esto hace que el Estado falle, indica Nineth Montenegro, al referirse al tema y por qué la Contraloría no fiscaliza de inmediato a las entidades que realizan adquisidores por excepción.

Las compras por excepción “ameritan una denuncia por parte de la CGCN para iniciar una acción en contra de funcionarios que realicen este tipo de hechos. La funcionaria a cargo de esa entidad, Nora Segura, expresa que no es de su competencia decidir si se pueden o no hacer compras por excepción, ya que su responsabilidad radica en que las compras se hagan bien, pero la Ley es clara”, expresa Montenegro.

Nineth Montenegro, cataloga como una “excusa” el actuar de la Contralora, ya que aunque la Ley no dice mucho al respecto, tampoco prohíbe que esa entidad actúe en casos de “flagrancia a la Ley”.

Por su parte, el experto en transparencia del ICEFI indica que la actual crisis de recursos que ha generado el Gobierno se debe al desorden en las finanzas públicas, y esta limita la posibilidad de recursos financieros adicionales a la CGCN para realizar su función fiscalizadora.

Se intentó conocer la postura de la Contraloría, a través de su encargada de comunicación social, pero no se obtuvo respuesta.

CASO CUESTIONADO

El pasado 11 de abril, el Presidente y el Consejo de Ministros suscribieron el acuerdo gubernativo 113-2014, en el que se declaró de interés nacional la contratación para la adquisición de equipo para uso en la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC), por un monto que asciende a Q291 millones 776 mil, 30.

El acuerdo establece la compra de “interés nacional”, lo que permitirá al Ministerio de Gobernación adquirir el equipo sin sujetarse a  los requisitos de licitación pública y cotización establecida en la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.

El contenido de la adquisición establece la compra de 93 mil uniformes tipo comando, 98 mil playeras en varios colores, 100 gorros pasamontañas, 200 pares de botas tácticas, 100 pares de guantes tácticos, 600 chalecos tácticos, 8 mil grilletes de plástico color negro, 25 mil uniformes gris perla, 67 mil pares de botas tipo comando, 2 mil 500 fundas para pistolas.

Además de 2 mil 100 escudos y cascos antidisturbios, 10 mil mochilas tipo policial, 5 mil grilletes de acero, 15 mil chalecos blindados, 200 placas balísticas, 20 linternas tácticas, 4 mil 500 granadas de luz y sonido, entre otros.

Nineth Montenegro cuestionó la compra por excepción del Mingob indicando que “llama poderosamente la atención” la cifra exacta con la que se pretende realizar la adquisición, lo que a su criterio refleja que esa cartera ya había pactado con empresas para comprar el equipo para la PNC.

La parlamentaria resalta que los productos que se pretenden comprar no son de urgencia nacional –porque al inicio del Gobierno las autoridades ya conocían las carencias de la Policía– y agrega que preocupa que la Industria Militar sea la empresa favorecida en la compra, esto debido que después de la declaración de urgencia nacional se aprobó el Acuerdo Gubernativo 127-2014, que modifica los fines de Industria Militar.

“Se da la potestad a Industria Militar para distribuir, fabricar, adquirir, comercializar y distribuir armamentos, municiones, equipo, vestuario, calzado, entre otros bienes que sean necesarios para los fines exclusivos que requiera el Ejército de Guatemala y el Ministerio de Gobernación, así como otras dependencias de seguridad”, detalla el acuerdo.

No obstante,  Mauricio López Bonilla, titular de la cartera de Gobernación, dijo que la adquisición del equipo se realizará a una empresa norteamericana que surte implementos a las fuerzas de ese país y en México y no a Industria Militar.

También agregó que la compra es necesaria porque desde un año atrás se ha venido discutiendo y analizando, y por eso se hará un contrato por excepción.

“Nos lo autorizaron en diciembre del año pasado. Este año nos llevó tres meses hacer todos los trámites, y eso que es por excepción, pero eso no significa que no se haya hecho un dictamen de Finanzas, de la Contraloría General de Cuentas y de la Procuraduría General de la Nación (PGN)”, puntualizó López Bonilla.

A este respecto, Montenegro mantiene las dudas y señala que generalmente los productos comprados por excepción no son los mejores porque vienen con sobreprecio.

La parlamentaria hizo énfasis a la recomendación que hizo en el 2013 la CGCN, en la cual se restringía que las empresas del Estado no se utilizan para lucrar ni generar ganancias, pero “por lo visto, ya se le olvidó”, señala Montenegro.

NUEVA PROPUESTA

Encontrarse con una ley “disfuncional” es la principal razón para que el diputado Álvaro González Ricci, presidente de la Comisión Extraordinaria de Apoyo a la Recaudación Tributaria del Congreso, dará comienzo a un trabajo en conjunto con varios actores de la sociedad civil para realizar reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.

González Ricci dice que después de un año de análisis a la Ley han logrado identificar “cuatro grandes grupos” de aspectos por los que reformar los métodos de adquisición, dentro de los cuales se encuentran los contratos de obra pública, las compras de medicamentos, el material médico-quirúrgico y el sitio web de Guatecompras.

El parlamentario explicó que es necesario prestarle interés a las cuatro debilidades detectadas en la sala de trabajo, ya que ahí es donde se están realizando más compras por excepción, incluyendo las adquisiciones que se hacen cuando el país atraviesa por un estado de calamidad.

“Las cuatro mesas técnicas que analizan la Ley de Compras y Contrataciones del Estado ya cuentan con un documento con modificaciones que se desean hacer y lo que corresponde es dar forma y analizarlas para realizar enmiendas a acuerdos gubernativos y reglamentos”, detalla el funcionario.

No obstante, agrega que si al final se considera que la Ley debe sufrir enmiendas por arriba del 30 por ciento de su contenido, no descarta presentar una nueva propuesta; de esa forma, cree que se podría eliminar “el génesis” del sistema de corrupción y con ello sería más fácil fiscalizar las compras y contrataciones.

En este sentido, el presidente del Legislativo, Arístides Crespo, manifestó que si en algún momento el diputado y las cuatro mesas de trabajo presentan una propuesta al Pleno sobre la Ley de Contrataciones y Compras del Estado, él apoyará la iniciativa porque considera que es beneficio para el país.

La titular del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), María Castro, indicó que las reformas deberán guardar un equilibrio y propiciar trasparencia, mayor nivel y calidad de gasto público, así como agilizar el proceso de compras.

Castro afirmó que el Minfin apoyará en todo momento la propuesta que salga de las mesas técnicas y espera que en la medida de lo posible se agilicen las reformas, porque el tema interesa al sector público y ciudadanía.

González Ricci puntualizó que invitó a participar en las mesas de trabajo a los 158 diputados del Congreso, pero al momento solo ha identificado el interés de algunos. Sin embargo, espera que cuando la propuesta llegue al Congreso esta sea consensuada por las diferentes bancadas y sea aprobada de urgencia nacional, ya que es en beneficio para el país.

En los próximos dos meses las mesas técnicas esperan emitir una respuesta sobre el análisis realizado a la Ley de Compras y Contrataciones de Estado.

Las mesas de trabajo se encuentran conformadas por representantes de la Contraloría, el Instituto Nacional de Electrificación (INE), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y varias organizaciones de la sociedad civil.