Nadie discute el pago del alquiler de un helicóptero, por muy caro que este sea si con ello se logra salvar una vida, pues lo que menos importa es su costo, pero cuando los valiosos recursos del Estado se usan para que nuestros políticos puedan irse a tomar fotografías o videos propagandísticos, se hace cuesta arriba poder justificarlos, cuando con ese dinero bien podría salvarse no una vida, sino muchas más si es que racionalmente se usa para la adquisición de antibióticos, por ejemplo, que en los hospitales nacionales llevan tiempo de no poder contar con su existencia.

Efectivamente duele saber que el actual gobierno pagó cuatro millones y medio de quetzales por arrendamientos de helicópteros a empresas privadas en 631 viajes del presidente Pérez Molina y de la vicepresidenta Baldetti, desde que asumieron el poder en marzo 2014, no obstante que en tres aeronaves propiedad del Estado en el mismo período, también se gastaron casi 3 millones y medio en mantenimiento y reparaciones.

Juzgue usted, amable lector, si será conveniente utilizar esa millonada para ir a realizar tomas publicitarias por unas cuantas bolsitas con alimentos en áreas en donde la gente se está muriendo de hambre; a entregar sacos de fertilizantes que la gente paga para poder reducir sus costos en las cosechas de sus productos agrícolas; para hacer gran aspaviento en la entrega de unas cuantas casas en áreas en donde hacen falta cientos de miles de ellas o para ir a cortar cintas simbólicas en una escuelita que lleva años de estar cayéndose en pedazos o de asfaltar un camino mientras hay cientos de ellos sin haberles dado siquiera un vistazo, pero eso sí, sin dejar de seguir prometiendo a voz en cuello que ¡ahora sí! van a enfrentar los problemas con inteligencia, con acertada disposición y el mejor de los raciocinios para lograr eficiencia en el gasto público.

Jamás me he apartado de aplicar un racional mercadeo político gubernamental cuando la obra y las realizaciones son reales y efectivamente útiles para la población pero, cosa bien distinta ha sido gastar millones de quetzales para que en gobierno tras gobierno siempre el partido político oficial promueva a ciertas y determinadas figuras de posibles sucesores presidenciales y peor todavía, cuando  descaradamente se gasta no solo en el arrendamiento de helicópteros sino que paralelamente se sigue utilizando en vehículos, trabajadores, tiempo y dinero del Estado que debiera estar a la disposición de la población en general, continúa invariablemente pagando sus impuestos para el sostenimiento de un aparato estatal de tan inconmensurable tamaño que, si se compara con los pobres servicios públicos que recibe resulta un total contrasentido.