Con mucha imprudencia o astucia el Presidente de la República puso sobre el tapete un tema que no debe discutirse por estar protegido por normas constitucionales pétreas, salvo que se piense en un golpe de Estado, porque las normas constitucionales que protegen la no reelección son determinantes. Este absurdo invita a hacer un comentario.
En una reciente entrevista al presidente Otto Pérez Molina que le hiciera CNN, se permitió sugerir la reelección como tema que debería ponerse a debate en virtud de que el término de cuatro años le parece insuficiente para desarrollar un programa de gobierno y puso como ejemplo a países donde el periodo presidencial es de cinco, en otros de seis, en otros puede ser alterno y en otros una reelección consecutiva.
Se le dio seguimiento con una imprudente declaración del Presidente del Congreso de la República, quien en un acto oficial sugirió que si la reelección se permitiera el presidente Pérez Molina y la Vicepresidenta deberían ser reelectos en atención al exitoso gobierno que han desarrollado. A los ojos de la gente pensante el asunto pareció improcedente y que más parecía una cortina de humo para evitar se comentaran temas actuales de gran importancia como son los actos de corrupción en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica –CNEE–, los negocios de la Industria Militar y el Ministerio de Gobernación, las presiones sobre la Comisión de Postulación para elegir al jefe del Ministerio Público y Fiscal General y muchos otros asuntos en los que se manifiestan profundas corrupciones. Sin embargo, el tema fue recogido por la prensa y además, diversos analistas han dado múltiples opiniones.
Pareciera ser que el señor Presidente del Congreso de la República y el señor Presidente Constitucional de la República no conocieran el contenido de la Constitución Política de la República y especialmente la legislación penal, porque el Artículo 382 del Código Penal sanciona la propaganda y las actividades tendientes a la reelección de la persona que ejerza la Presidencia de la República y en esta situación penal se colocan ambos funcionarios al proponer abrir un debate sobre la reelección presidencial, lo que merecería que el ente investigador –Ministerio Público– la investigue. Hasta aquí lo que merece señalarse sobre la propuesta de abrir debate sobre la reelección del Presidente de la República, cuestión totalmente absurda, atendiendo el descrédito que padece el actual gobierno y el momento político que se vive, ya que cualquier pretensión de reforma al artículo 187 de la Constitución, está expresamente prohibido por el artículo 281 de la misma.
Sobre el tema Reelección, tal vez sí es oportuno hacer las consideraciones siguientes:
1) La elección de los Alcaldes debería limitarse. La experiencia política en el país sobre este aspecto es verdaderamente lamentable; los casos notorios de los alcaldes Medrano y Arzú y otros muchos que hay, no deben repetirse, no solo porque nadie es insustituible, sino porque el cargo se convierte en un botín político y esto conduce a la corrupción y a la impunidad. Sería aceptable reelección por una vez, ya que un bien elaborado programa de obra municipal puede necesitar más de cuatro años y si no se ejecuta en ese tiempo es porque hay negligencia y posiblemente corrupción. Un requisito más para ser Alcalde debería ser que el candidato goce de reconocida honorabilidad. Lo anterior no tendría nada que ver con que tal requisito sea democrático o antidemocrático, porque solo pretende que la persona que opta al cargo de Alcalde tenga además de capacidad y honradez, una clara y limpia hoja de vida. Sobre éste aspecto Guatemala tiene una mala experiencia y no es necesario dar una lista de casos.
2) El funcionamiento e integración del Congreso de la República también merece una consideración especial. El Congreso ha funcionado en forma poco eficiente y ello se debe a la calidad de los diputados que lo integran. Para ser diputado no debería ser suficiente ser guatemalteco y estar en el goce de sus derechos ciudadanos. Los diputados también deben ser personas de reconocida honorabilidad y esto tiene que ver con la hoja de vida de cada uno, porque si va a integrar el órgano que sustenta la máxima representación del pueblo, es razonable que se le demande honestidad, honradez y crédito social. Exigir la reconocida honorabilidad no puede tacharse de exigencia antidemocrática.
La reelección de los diputados ha sido también algo inconveniente, de lo cual la sociedad guatemalteca ha sufrido una muy mala experiencia, porque se vuelven caciques y con ello logran su reelección. Los diputados que se han reelecto cuatro y cinco veces no son precisamente los más distinguidos dentro del hemiciclo parlamentario. Hay excepciones, pero ello confirma la regla. Una sola reelección tal vez sería razonable, pero no más. La carrera parlamentaria no la confirman cuatro o cinco reelecciones. Recientemente el diputado Ajcip destapó una olla de grillos señalando corrupción, malos manejos, tráfico de influencias y sobornos, e inmediatamente brincaron algunos diputados presentándose como niños de primera comunión, cuando es ampliamente conocido lo que ese diputado señaló, no quedando él mismo libre de formar parte del grupo.
La sociedad guatemalteca está hastiada de una clase política ineficiente y corrupta, y clama por una depuración a todos los niveles. Por esta razón una reforma constitucional, como algunos proponen, es inoportuna y políticamente peligrosa. Si previamente la ciudadanía guatemalteca no depura a la clase política mediante un ejercicio consciente y responsable del voto, no debe hablarse en Guatemala de reforma constitucional, pero ello no obsta a que sí se analicen ciertos temas que pueden permitir que la actividad política sea más responsable. Ojala lo podamos lograr.
*Doctor en Derecho.