El presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, descartó el jueves la instauración del estado de emergencia ante la actual crisis política, sin precedentes en sus ocho años de gobierno, y el recrudecimiento de los atentados de islamistas radicales.
Una serie de rumores difundidos durante la noche señalaron que el general Musharraf, que llegó al poder tras un golpe de Estado incruento a finales de 1999, pensaba decretar el estado de emergencia para hacer frente a las «amenazas interiores y exteriores».
La referencia de «amenazas interiores» señalaba a la oleada de atentados y ataques que ensangrienta al país desde hace menos de un mes y que ya causó más de 230 muertos.
Por «exteriores» se entienden, en cambio, las amenazas lanzadas en las últimas semanas por altos responsables estadounidenses de posibles ataques aéreos contra presuntas bases de Al Qaida y los talibanes en las zonas tribales del noroeste del país fronterizas con Afganistán.
Los dirigentes paquistaníes ya han reconocido la presencia en esas zonas de militantes integristas extranjeros, contra los que luchan desde hace cuatro años sufriendo importantes pérdidas militares.
Esos enfrentamientos duplicaron su intensidad en las últimas semanas y, ante la situación, algunos consejeros de Musharraf le pidieron que declarase el estado de emergencia.
Pese a ello, «el presidente rechazó la sugerencia de sus aliados políticos de declarar el estado de emergencia», anunció a la AFP el jueves un alto responsable gubernamental, al término de una crucial reunión del presidente paquistaní con sus principales ministros.
Ante la situación interna en Pakistán, Musharraf había decidido no ir el jueves a Kabul para participar en la «Jirga», la asamblea que reúne a cientos de jefes tribales y líderes religiosos afganos y paquistaníes para reforzar la lucha contra los talibanes y Al Qaida.
«El presidente piensa que hay que mantener las elecciones libres y regulares tal y como están previstas (para finales de años o principios de 2008) y, en cambio, el estado de emergencia habría puesto en entredicho ese objetivo», aseguró a la AFP uno de sus colaboradores.
Sin embargo, los principales partidos de la oposición acusan a Musharraf de intentar mantenerse a cualquier precio tanto al frente del gobierno como del ejército, pese a la creciente protesta política y popular en su contra en las últimas semanas.
El caso más significativo fue el del presidente de la Corte Suprema, el juez Iftikar Muhammad Chaudhry. Musharraf hizo que se le suspendiera de sus funciones en marzo, acusándolo de «corrupción y nepotismo».
La oposición, sin embargo, se unió y lo convirtió en su héroe, organizando multitudinarias protestas.
Esos sectores acusaron al jefe del Estado de haber querido eliminar al juez Chaudhry porque éste enarboló las disposiciones constitucionales que impedirían a Musharraf presentarse a las elecciones presidenciales si no renuncia antes a su condición de jefe supremo del ejército.
El caso se cerró con un «revés» político para Musharraf: la decisión de la Corte Suprema del 20 de julio de readmitir en el cargo a Chaudhry y declarar ilegal su cese.
Posteriormente, la instancia judicial más alta de Pakistán volvió a infringir otros golpes al jefe del Estado al poner en libertad a un opositor y señalar su intención de revisar la decisión de Musharraf de enviar al exilio, en 2000, al ex primer ministro Nawaz Sharif, destituido por el golpe de Estado de 1999.
Uno de los colaboradores de la presidencia pakistaní.